Exigen colonos y maestros frenar el "tarifazo" en el transporte público

CUERNAVACA, Mor., 19 de mayo de 2026.– Organizaciones de la sociedad civil, colectivos ciudadanos y el Movimiento Magisterial de Bases (MMB) cerraron filas en un rechazo absoluto al incremento de la tarifa mínima del transporte público colectivo, la cual aumentó de 10 a 13 pesos en la entidad. Tras calificar la medida como un "premiar" a un servicio deficiente y un golpe unilateral a la economía familiar, los inconformes anunciaron una ruta jurídica y social que incluye la exigencia de una consulta pública y la revisión profunda del actual modelo concesionado.

Frente Contra el Alza va por el Congreso Abierto y Consulta

En un pronunciamiento realizado desde el Monumento a Emiliano Zapata en el Zócalo de Cuernavaca, representantes del Frente Contra el Alza del Transporte Público en Morelos informaron que acudirán formalmente ante el Congreso del Estado para solicitar la activación de la figura de "Congreso Abierto", contemplada en la Ley de Participación Ciudadana local.

El objetivo de esta acción es abrir un debate público en el que las autoridades y el sector transportista transparenten los argumentos técnicos bajo los cuales se autorizó el ajuste de tres pesos, contrastándolos con los niveles salariales y los costos reales de vida de las familias morelenses.

Asimismo, el Frente señaló que lo que verdaderamente debe someterse a consulta es el Plan que norma al transporte público en la entidad, tras sostener que el esquema tradicional de "ruta-hombre" se encuentra completamente rebasado. Aunque reconocieron que el Gobierno del Estado podría carecer de los recursos económicos necesarios para estatizar el sistema por completo de forma inmediata, urgieron a explorar "opciones intermedias y modelos mixtos" con la participación directa del pueblo.

Colectivo Cuernavaca y MMB acusan "traición" al pueblo

De manera simultánea en las ciudades de Cuernavaca y Cuautla, integrantes del Colectivo Cuernavaca y del Movimiento Social de la Transformación (MSporT) dieron lectura a un manifiesto donde catalogaron el incremento —pactado entre el Poder Ejecutivo y el grupo de concesionarios— como una traición ciudadana perpetrada por una administración que se dice emanada de la "Cuarta Transformación".

“La parte más importante, que somos los usuarios, nunca fuimos tomados en cuenta. Miles de obreros, estudiantes, amas de casa y adultos mayores quedamos al margen de una decisión que afecta directamente nuestro bolsillo. La movilidad social es un derecho y no un privilegio, pero los concesionarios voraces lo ven solo como un negocio de ganancias privadas”, denunciaron los portavoces civiles.

El magisterio y las agrupaciones civiles argumentaron que el transporte público debe ser considerado un sector estratégico y prioritario, equiparable a los servicios de agua potable y electricidad, por lo que el Estado mexicano debería subsidiarlo en su totalidad para garantizar el libre tránsito y accesibilidad de la clase trabajadora.

El pliego petitorio: diagnóstico real y comisiones tripartitas

Ante la inconformidad social, las organizaciones fijaron un posicionamiento unificado estructurado en tres exigencias inmediatas a las autoridades estatales:

1. Suspensión inmediata: Frenar de manera definitiva cualquier intento o aplicación del cobro de los 13 pesos en la tarifa mínima del pasaje en todo el territorio morelense.
2. Encuesta estatal: Realizar un diagnóstico real y de campo en todas las colonias y comunidades del estado para evaluar las severas deficiencias, siniestros y la calidad del servicio que ofrecen los concesionarios.
3. Comisión tripartita: Integrar una mesa de trabajo resolutiva conformada por el Gobierno del Estado, los concesionarios y las organizaciones de la sociedad civil organizada, con la meta de trazar el traspaso paulatino del servicio de movilidad al control público y estatal.

Rechazan subsidio de solo 50 unidades

Los activistas criticaron severamente los paliativos anunciados por los coordinadores del transporte en el estado, calificando como "una burla" el subsidio gubernamental proyectado para la modernización de apenas 50 unidades vehiculares a costa del erario de los morelenses.

Finalmente, adelantaron que continuarán con asambleas organizativas durante los próximos fines de semana para definir las jornadas de movilización en las calles y las acciones jurídicas pertinentes en caso de recibir cerrazón por parte del Gobierno. Insistieron en la premisa histórica del gremio de usuarios: "Primero se debió mejorar el transporte y capacitar a los operadores, antes de exigir un aumento al pueblo".