Exige Secretaría de las Mujeres castigo para agresor de Paula pese a amparo

CUERNAVACA, Mor. 03 de junio del 2026.– La titular de la Secretaría de las Mujeres de Morelos, Clarisa Gómez Manríquez, afirmó que aunque toda persona tiene derecho a una defensa legal, las autoridades están obligadas a garantizar que los responsables de violencia de género enfrenten las consecuencias de sus actos cuando existan pruebas suficientes.

Al ser cuestionada sobre el juicio de amparo promovido por Jorge Francisco Rabadán Torres —quien obtuvo una suspensión provisional tras ser exhibido en redes sociales mediante videos donde presuntamente agrede físicamente a su expareja Paula—, la funcionaria estatal sostuvo que la justicia debe prevalecer sobre las estrategias de la defensa.

“Todas las personas tienen derecho a defenderse. Nosotros, en lo que nos corresponde, tenemos que hacer todo para que el agresor tenga su castigo. La defensa puede hacer lo que tenga que hacer; sin embargo, las evidencias y las pruebas están muy claras y este delito tiene que sancionarse”, expresó de manera contundente.

Llamado a denunciar sin miedo a no ser escuchadas

Gómez Manríquez reiteró el compromiso de la dependencia para brindar acompañamiento integral a las víctimas de violencia familiar, con el objetivo primordial de evitar que sean revictimizadas durante el tortuoso camino de la denuncia y el acceso a la justicia.

En ese sentido, hizo un llamado enérgico a las mujeres que sufren agresiones en la entidad a que rompan el silencio y busquen el apoyo de las instituciones, reconociendo que el principal freno es el temor al descrédito social o institucional.

“Lo más importante es que les crean, porque muchas veces ellas piensan que no les van a creer. Si hay mujeres que están viviendo estas violencias en los hogares, denuncien, acérquense; es lo más importante para poder salir de estos tipos de violencia”, indicó.

Finalmente, la secretaria reconoció que muchas madres de familia permanecen en entornos hostiles y violentos por miedo a desproteger a sus hijos, por lo que insistió en que el Estado mexicano tiene la obligación de otorgar medidas de protección inmediatas para salvaguardar la integridad de los núcleos familiares vulnerados.