Estallan quejas por abusos en el transporte en Morelos

CUERNAVACA, Mor. 8 de julio de 2026.— La imposición del aumento a la tarifa mínima del transporte público en la entidad, que pasó de 10 a 13 pesos, no sólo tocó los bolsillos de la población, sino que desató una ola de anarquía en el servicio colectivo. Apenas entró en vigor el ajuste, la Coordinación General de Movilidad y Transporte ya acumula más de 500 quejas formales que exhiben el nivel de vulnerabilidad en el que se encuentran los usuarios frente a los concesionarios.

La principal inconformidad de la ciudadanía radica en el cobro arbitrario e ilegal de tarifas que superan el límite de los 13 pesos autorizados. De acuerdo con las denuncias, diversas choferes exigen de manera discrecional cantidades mayores a las establecidas en el decreto oficial, aprovechando la falta de supervisión efectiva en las calles.

Violencia e impunidad en las rutas
Los testimonios de los usuarios revelan que la crisis en el transporte público no es meramente económica, sino de seguridad y derechos humanos. Las denuncias documentan un patrón de agresiones físicas y verbales por parte de los operadores, ensañándose de manera particular con los sectores más vulnerables de la sociedad.

Entre las irregularidades más alarmantes reportadas en los folios de queja destacan:

Especulación con el pasaje: Choferes que imponen tarifas a su libre albedrío bajo la amenaza de bajar a los pasajeros.

Agresiones a la tercera edad: Maltrato psicológico y físico contra adultos mayores, a quienes se les niega sistemáticamente el tiempo necesario para abordar o se les rechaza el cobro de tarifas preferenciales.

Exclusión: Negación del servicio y violencia verbal hacia personas con discapacidad que exigen la asistencia mínima obligatoria en las unidades.

Aunque el titular de la dependencia, Jorge Alberto Barrera Toledo, aseguró que los folios están siendo atendidos por la instancia gubernamental, el malestar social va en aumento. Para los usuarios, las más de 500 quejas son el reflejo de un pacto de impunidad donde las autoridades cedieron ante las presiones de los transportistas, dejando a la ciudadanía a merced de los abusos y la violencia en la cotidianidad de sus traslados.