Ernestina Godoy, una decisión de Estado

La decisión del Senado de la República de nombrar a la licenciada Ernestina Godoy Ramos como Fiscal General de la República no sólo es acertada; es, sin exagerar, uno de los movimientos institucionales más importantes y prometedores de los últimos años.

En un país donde la justicia ha sido históricamente rehén de inercias, intereses y omisiones, la llegada de Godoy representa la posibilidad real de un viraje profesional, ético y humano en la forma de investigar y procurar justicia. ¿Por qué? La respuesta es sencilla: experiencia, integridad y vocación pública. Godoy no es una funcionaria improvisada ni una figura de coyuntura; es una abogada formada en la UNAM con décadas de trabajo en defensa de víctimas, construcción legislativa y más recientemente, conducción exitosa de la Fiscalía de la Ciudad de México.

Quienes conocen su trayectoria saben que su sello ha sido siempre el mismo: rigor jurídico, sensibilidad social y una convicción profunda de que la justicia sólo sirve si es accesible y transparente. Su paso por la fiscalía capitalina dejó resultados medibles: fortalecimiento institucional, profesionalización de peritos y ministerios públicos, y apertura a víctimas que por años habían sido ignoradas. No es casualidad que, durante su gestión, se desmontaran viejas prácticas y se iniciara una transformación reconocida incluso por organismos externos. Ese es el tipo de servicio público que el país necesita en la FGR: técnico, sensible, moderno y sin pactos de impunidad.

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