Denuncian a exjefe del TSJ por casi 10 millones en Morelos

Cuernavaca, Mor., 27 de octubre de 2026.- El expresidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Morelos, Luis Jorge Gamboa Olea, fue denunciado ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por presuntas irregularidades en el manejo de nueve millones 949 mil pesos del Fondo Auxiliar del Poder Judicial, correspondientes al ejercicio fiscal 2022.

La denuncia presentada por la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) deriva de una auditoría especial a las finanzas del TSJ, en la que permanecieron sin solventar observaciones relacionadas con el ejercicio de recursos públicos durante la gestión de Gamboa Olea.

De acuerdo con José Blas Cuevas Díaz, titular de la ESAF, las irregularidades consisten principalmente en gastos que no contaban con suficiencia presupuestal y operaciones cuya documentación no permitió acreditar de manera fehaciente en qué se utilizó el dinero.

El auditor explicó que no basta con que existan registros contables de una operación para dar por comprobado el gasto: se requiere documentación que demuestre que los bienes fueron entregados, los servicios efectivamente prestados y los recursos destinados al propósito reportado.

Entre las inconsistencias identificadas también se encuentran erogaciones sin justificación suficiente y movimientos financieros que no fueron aclarados con evidencia documental que permitiera confirmar el destino de los recursos.

La revisión incluyó observaciones relacionadas con la falta de expedientes de adjudicación y documentación para acreditar la materialidad de determinadas operaciones. Es decir, la auditoría encontró pagos cuya justificación documental no permitió demostrar plenamente qué se adquirió, qué servicio se recibió o cómo se respaldó el gasto.

La ESAF informó que el proceso de solventación concluyó sin que las observaciones por nueve millones 949 mil pesos fueran aclaradas satisfactoriamente. Por ello, el expediente fue remitido al área jurídica para formalizar la denuncia penal ante la Fiscalía Anticorrupción.

Será el Ministerio Público el que determine si los hechos configuran delitos y si existen elementos para proceder contra el exfuncionario u otras personas que pudieran tener alguna responsabilidad.

La entidad fiscalizadora también dio vista a la Auditoría Superior de la Federación para el seguimiento correspondiente.

UNA AUDITORÍA QUE PUSO BAJO LA LUPA CASI 20 MDP

Los nueve millones 949 mil pesos que motivaron la denuncia forman parte de un proceso de fiscalización que ya había colocado bajo escrutinio el manejo del Fondo Auxiliar del Poder Judicial.

En octubre de 2025 se informó que la ESAF había formulado observaciones por 19 millones 51 mil pesos relacionadas con el ejercicio de esos recursos durante 2022.

En aquel momento, entre los señalamientos figuraban erogaciones que habrían rebasado el presupuesto de egresos aprobado, gastos sin justificación suficiente y operaciones sin documentación para demostrar la entrega de bienes o la prestación de servicios pagados con dinero del Fondo Auxiliar.

También se reportaron deficiencias en expedientes de adjudicación y documentación relacionada con obras y servicios.

Las observaciones debían ser atendidas por el Tribunal y los funcionarios correspondientes. La falta de aclaración podía derivar en procedimientos para determinar responsabilidades administrativas y, en su caso, penales, así como en el eventual reintegro de recursos cuando legalmente procediera.

La denuncia anunciada ahora por la ESAF representa un paso distinto: el órgano fiscalizador determinó llevar ante la Fiscalía Anticorrupción las observaciones que, de acuerdo con su titular, no fueron solventadas.

El monto denunciado, de nueve millones 949 mil pesos, no debe confundirse con el total de las observaciones formuladas previamente por 19 millones 51 mil pesos. Se trata de cifras reportadas en distintas etapas del procedimiento de fiscalización, por lo que el alcance y la relación entre ambos montos deben establecerse a partir de los expedientes oficiales.

UNA PRESIDENCIA MARCADA POR LA CONFRONTACIÓN

La denuncia contra Gamboa Olea llega después de una gestión que estuvo atravesada por una prolongada disputa entre grupos de magistrados por el control del Poder Judicial de Morelos.

En julio de 2022, el magistrado asumió la presidencia del TSJ con el compromiso de combatir la corrupción y mejorar el funcionamiento de la institución. Sin embargo, durante su administración surgieron señalamientos de integrantes del propio Tribunal sobre presuntas irregularidades administrativas y posibles conductas indebidas.

En agosto de 2023, un grupo de magistrados intentó removerlo de la presidencia. Entre los argumentos que expusieron públicamente estaban presuntos actos de corrupción, acusaciones de acoso laboral y señalamientos sobre posibles presiones para influir en decisiones judiciales. También cuestionaron la designación de su esposa como jueza.

Esos señalamientos fueron planteados por sus adversarios dentro del Poder Judicial y no deben confundirse con hechos acreditados mediante una sentencia.

La confrontación se profundizó a finales de 2023, cuando la incorporación de nuevos magistrados al pleno modificó el equilibrio interno y aumentó la oposición a su permanencia en la presidencia.

Durante 2024 continuaron las diferencias entre los bloques de magistrados, con acusaciones relacionadas con nombramientos judiciales y el funcionamiento administrativo del Tribunal.

En enero de 2025, la ESAF notificó el inicio de una auditoría especial para revisar las finanzas del Poder Judicial, inicialmente sobre los ejercicios de 2021 a 2024, a partir de señalamientos sobre el posible uso irregular de recursos.

En ese momento, Gamboa Olea reconoció que había sido notificado de la revisión y manifestó que atendería los requerimientos de la auditoría. Sin embargo, cuestionó el origen de la solicitud y sostuvo que el procedimiento debía desarrollarse conforme a la ley y sin motivaciones políticas.

Así, el manejo de los recursos públicos se convirtió en otro de los frentes de la disputa que marcó su presidencia.

Ahora, con la denuncia por casi 10 millones de pesos, el caso pasa del ámbito de la fiscalización al de la investigación penal.

La Fiscalía Anticorrupción deberá establecer si los gastos observados derivaron de irregularidades administrativas o si existen elementos para acreditar la comisión de algún delito, así como determinar quiénes serían los responsables.