Cuestiona gobernadora defensa de abogado liberado por el TSJ

CUERNAVACA, Mor., 20 de abril del 2026.- La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, fijó una postura crítica respecto a la reciente liberación del abogado Froylán "N", quien fue puesto en libertad el pasado viernes por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) tras una polémica detención que movilizó a diversos grupos de litigantes en su defensa.

Desacuerdo con la postura de los abogados

La mandataria estatal expresó su abierto desacuerdo con la posición asumida por los colegas del detenido, quienes denunciaron presuntas irregularidades en el proceso y señalaron que al abogado le habrían sido "sembrados" un arma de fuego y dosis de fentanilo.

Aunque reconoció que los abogados están en su derecho de ejercer la defensa legal, González Saravia fue enfática al señalar que no comparte estas acciones cuando involucran a individuos con indicios de criminalidad. “Cuando se detiene a una persona con elementos delincuenciales y sale un grupo de abogados a defenderlo, no lo concibo como algo que ayude a la sociedad”, sostuvo.

Seguridad como prioridad institucional

La gobernadora subrayó que su administración mantiene un trabajo de coordinación diaria para recuperar la tranquilidad en el estado, desde la protección de la infancia hasta la de los adultos mayores. En este sentido, consideró que los posicionamientos que buscan desacreditar las detenciones pueden debilitar los esfuerzos de las instituciones de seguridad.

“Estamos haciendo un trabajo muy importante para traer seguridad a nuestro estado”, puntualizó la titular del Ejecutivo, sugiriendo que la narrativa de la defensa podría interferir con el objetivo superior de garantizar la paz en Morelos.

Continuidad de las investigaciones

A pesar de que el TSJ determinó que no existían elementos suficientes para mantener al abogado Froylán "N" en prisión, la gobernadora evitó profundizar en los detalles técnicos de la resolución judicial. No obstante, señaló que las investigaciones deberán continuar su curso por las instancias correspondientes para esclarecer los hechos.

Este caso ha generado una división de opiniones en el sector jurídico de la entidad, mientras las autoridades estatales insisten en que la prioridad debe ser el fortalecimiento del Estado de derecho y la contención de conductas delictivas en el territorio morelense.