Cuando la justicia no tiene fronteras.

Durante décadas la humanidad aprendió una lección dolorosa: hay crímenes tan graves que no pueden quedar impunes, aun cuando quienes los cometen controlen el poder de un Estado. El genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión representan ataques contra toda la comunidad internacional. Por ello, después de los juicios de Núremberg y de las tragedias vividas en Ruanda y la antigua Yugoslavia, el mundo decidió construir una institución permanente capaz de perseguir a los responsables cuando los sistemas nacionales fueran incapaces o no estuvieran dispuestos a hacerlo.

Así nació la Corte Penal Internacional.

No es un tribunal para resolver cualquier delito ni sustituye a los jueces nacionales. Su intervención es excepcional. De esa experiencia histórica y normativa nació, con la adopción del Estatuto de Roma en 1998 y su entrada en vigor en 2002, la Corte Penal Internacional (CPI): el primer tribunal penal de carácter permanente con vocación universal que establece el principio de complementariedad: la Corte sólo actúa cuando un Estado no investiga seriamente los hechos o protege a quienes deberían responder ante la justicia.

Ese diseño responde a una idea sencilla pero poderosa: la soberanía de los Estados no puede convertirse en refugio para la impunidad.

En las últimas semanas, el sistema de justicia internacional ha enfrentado uno de sus mayores desafíos. El gobierno de Estados Unidos anunció una estrategia para debilitar e incluso desmantelar la capacidad operativa de la CPI mediante sanciones, restricciones y presión diplomática sobre los Estados que forman parte del Estatuto de Roma. Washington sostiene que la Corte excede sus atribuciones y que podría afectar su soberanía nacional y la de sus aliados. 

Es cierto que la Corte Penal Internacional no está exenta de críticas. Se le ha señalado por la lentitud de algunos procedimientos, por dificultades para ejecutar órdenes de captura y por cuestionamientos sobre la consistencia de algunas investigaciones. Como toda institución internacional, debe rendir cuentas, mejorar sus procesos y fortalecer su legitimidad.

Pero una cosa es reformar una institución y otra muy distinta es debilitar el único tribunal penal permanente con competencia para juzgar los crímenes más atroces cuando los Estados no lo hacen.

Si la comunidad internacional renuncia a fortalecer este mecanismo, o incluso, desaparecerlo, las consecuencias trascenderían cualquier diferencia política. Las principales víctimas no serían los jueces de La Haya ni los gobiernos que integran la Corte. Serían las personas desplazadas por conflictos armados, las víctimas de limpieza étnica, quienes sobreviven a torturas sistemáticas, las mujeres víctimas de violencia sexual utilizada como arma de guerra y las familias que durante años buscan verdad y justicia sin encontrar respuesta en sus propios países.

La CPI representa, para muchas de ellas, la última puerta que permanece abierta.

La existencia de un tribunal internacional también cumple una función preventiva. Saber que ningún cargo público, comandante militar o líder político puede sentirse completamente inmune frente a los crímenes internacionales, envía un mensaje claro: el ejercicio del poder tiene límites jurídicos y esos límites existen para proteger la dignidad humana.

Desde la perspectiva de los derechos humanos, la justicia internacional forma parte del derecho de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición. Cuando esos derechos desaparecen, la impunidad deja de ser un problema jurídico para convertirse en un incentivo para que las atrocidades vuelvan a ocurrir.

México, como Estado Parte del Estatuto de Roma, ha asumido el compromiso de fortalecer este sistema de justicia internacional. Esa decisión refleja una convicción que también inspira nuestra Constitución: ninguna persona debe estar por encima de la ley y las víctimas merecen mecanismos efectivos para acceder a la justicia, incluso cuando ésta trasciende las fronteras nacionales.

En un mundo marcado por conflictos armados, desplazamientos forzados y graves violaciones a los derechos humanos, la respuesta no debería ser debilitar las instituciones internacionales, sino fortalecerlas, hacerlas más eficaces, más transparentes y más cercanas a quienes esperan justicia.

Porque cuando la justicia deja de tener alcance internacional, la impunidad también cruza las fronteras. Y cuando la impunidad se normaliza, los derechos humanos dejan de ser universales para convertirse en privilegios sujetos al poder de quien los viola.

Para México, la justicia internacional no es un asunto ajeno. Nuestro país decidió formar parte del Estatuto de Roma desde 2005 porque entendió que la protección de la dignidad humana no termina en las fronteras nacionales. Esa decisión también ha fortalecido una visión constitucional (desde 2011, con la reforma en materia de derechos humanos), en la que los tratados internacionales de derechos humanos son un referente indispensable para interpretar y proteger los derechos de las personas. Debilitar el sistema internacional significaría enviar un mensaje preocupante: que los mecanismos creados para combatir la impunidad pueden quedar sujetos a la voluntad política de las grandes potencias y no a la fuerza del derecho.

En Morelos sabemos que la búsqueda de justicia requiere instituciones fuertes. Lo vemos en el acompañamiento a las familias de personas desaparecidas, en la defensa de las víctimas, en la protección de niñas, niños y adolescentes, en la exigencia de verdad y reparación para quienes han sufrido violaciones a sus derechos humanos. Aunque estos casos corresponden principalmente al ámbito nacional, todos ellos se fortalecen cuando existe un sistema internacional que establece estándares, acompaña a los Estados y recuerda que la dignidad humana debe prevalecer sobre cualquier interés político.

Desde la Comisión seguiremos defendiendo el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, porque constituye uno de los mayores avances civilizatorios del último siglo. Los tratados, los tribunales internacionales y los organismos de protección no limitan la soberanía democrática; por el contrario, la fortalecen al colocar a la persona en el centro de la actuación del Estado. Defender el derecho internacional es defender que ninguna víctima quede sin justicia, que ninguna autoridad esté por encima de la ley y que la dignidad humana siga siendo el límite infranqueable del poder.

Las grandes discusiones internacionales nunca permanecen en los salones donde se debaten. Tarde o temprano llegan a las calles de nuestras ciudades, a las familias que buscan a un ser querido, a las mujeres que exigen vivir libres de violencia, a las personas desplazadas, a las víctimas que esperan justicia.

Desde Morelos seguiremos sosteniendo una convicción inquebrantable: cuando se debilita el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, se debilita también la protección de cada persona. Y cuando el mundo decide defender la justicia, las comunidades encuentran más herramientas para construir paz, verdad y dignidad.

En Morelos, todos los derechos para todas las personas.