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Cuauhtémoc marca la ruta
En artículos anteriores he abordado sobre las formas de la participación ciudadana, en este refiero particularmente a la Consulta Popular programada para este primero de agosto. En efecto como se ha comentado entre especialistas en la materia, será un hecho sin precedentes la consulta y sus consecuencias podrían ser un ejercicio infructuoso. Juzgar a los últimos expresidentes de México por sus posibles delitos cometidos, es parte de lo que la sociedad espera. Ahora bien, se ha analizado que delitos realmente cometieron, pero ¿Serán todavía punibles por la temporalidad?
Recordando la definición que nos ofrece el INE de la consulta popular, refiere que es un mecanismo directo de participación en el que la ciudadanía aprueba o rechaza una o varias propuestas planteadas con anterioridad sobre temas de interés público.
Como antecedente, nos recuerda José Manuel Villalpando en su obra los Protagonistas de la Historia Mexicana, que en el año de 1867 el expresidente Benito Juárez, propuso en lugar de una reforma constitucional, el pedir al pueblo votar directamente a través de un plebiscito, considerado como inconstitucional hacer expeditas las reformas abreviando el largo proceso por ser aprobadas por dos terceras partes del Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados. Este es el antecedente más remoto, pero analicemos la pregunta que ha formulado la Suprema Corte de Justicia de la Nación para esta encuesta:
La pregunta es: ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? En la cual se podrá responder ‘Sí’ o ‘No’. Este ejercicio se estima que costará aproximadamente 500 millones de pesos, la cuestión es que la pregunta así formulada tiene varios supuestos hipotéticos y al no ser clara por cual delito deberán ser juzgados hace inviable a la pregunta misma, es decir los posibles afectados podrán ampararse.
Pues bien, a parte de la extensa pregunta y difícil comprensión para la ciudadanía, ahora solo falta esperar el resultado y en su caso si se aplicarán los principios de la imparcialidad, objetividad, legalidad, seguridad jurídica entre otros y que serían primordiales para lograr el objetivo de esta consulta y no sea una simple simulación.
Finalmente, coincido con el análisis de Santiago Nieto Castillo en el sentido de “aplicar retroactivamente la ley, buscar, generar una investigación cuando se sabe que las conductas se encuentran prescritas; también rompe nuestro sistema normativo, y creo que debemos todos y todas ajustarnos al marco del derecho”; es decir, que bajo este contexto se exentaría a Vicente Fox, Ernesto Zedillo y Carlos Salinas de Gortari, estando solo sujetos a ser investigados por la posible comisión de los delitos que no han prescrito a Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. ¿Tú qué piensas al respecto?