Detienen al presunto feminicida de la estudiante española en Cuautla
CUERNAVACA, Mor., 31 de marzo de 2026.- La impunidad administrativa que protegió durante años a la pasada administración estatal parece llegar a su fin. El titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), José Blas Cuevas Díaz, informó que el organismo logró abatir el rezago de cuatro años en la revisión de cuentas públicas, lo que ha derivado en la activación de 50 procesos legales por irregularidades detectadas principalmente en el sexenio de Cuauhtémoc Blanco Bravo.
Al presentar su informe ante el Congreso del Estado, Cuevas Díaz detalló que la actualización de las auditorías permitió identificar desvíos y omisiones que ya se encuentran en manos de la justicia. Hasta el momento, se han interpuesto 10 denuncias penales ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) y 40 expedientes han sido turnados al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).
Dentro de los expedientes más sólidos que integró la ESAF, sobresalen las auditorías realizadas a la Comisión Estatal del Agua (Ceagua) durante el periodo 2019-2022. Las indagatorias apuntan directamente a la gestión de ex titulares como Jaime Juárez, señalando anomalías en la ejecución de obra hidráulica y manejo de recursos federales.
Este golpe legal se suma a una lista de señalamientos que han perseguido al equipo de Blanco Bravo, incluyendo investigaciones previas por:
El auditor señaló que la corrupción no se limitó al Ejecutivo, sino que permeó en los ayuntamientos. Los casos más críticos de violaciones administrativas y penales se concentran en Jiutepec, Jojutla y Tetecala.
Asimismo, se mantiene un seguimiento especial al Sistema Operador de Agua Potable de Cuautla (SOAPSC) por los ejercicios 2019 a 2022. Cuevas Díaz aclaró que los expedientes turnados a la Fiscalía Anticorrupción corresponden a presuntos delitos graves, mientras que los enviados al TJA buscan sancionar faltas administrativas que dañaron el erario de los morelenses.
Con la reducción del rezago de auditoría —que pasó de un retraso de cuatro años a solo uno—, la ESAF asegura que la fiscalización ahora es "en tiempo real", lo que impide que los delitos prescriban. La instrucción, reiteró el funcionario, es no dejar espacios a la impunidad y lograr que los exservidores públicos de diversas dependencias y municipios resarzan el daño económico causado al estado.