Detienen al presunto feminicida de la estudiante española en Cuautla
CUERNAVACA, MORELOS. 01 de junio de 2026.- El Congreso del Estado de Morelos inició el análisis jurídico para restituir la gobernabilidad y definir la ruta legal en las alcaldías de Cuautla, Atlatlahucan y Tlalnepantla, mismas que registran una ausencia definitiva de sus presidentes municipales tras ser detenidos por delitos graves y presuntos vínculos con la delincuencia organizada.
Suplentes reclaman sus derechos políticos
El presidente de la Junta Política y de Gobierno (JPyG), Daniel Martínez Terrazas, informó que durante este fin de semana la legislatura recibió formalmente la documentación y correos electrónicos de los alcaldes suplentes de las tres demarcaciones, quienes solicitan de manera formal asumir las funciones ejecutivas basándose en la legislación local vigente.
El legislador panista precisó que la ley prevé un periodo de hasta 90 días para que los síndicos municipales ejerzan como encargados de despacho. Sin embargo, ante la gravedad institucional, el Congreso local y los cabildos evalúan acelerar los procedimientos de toma de protesta para eliminar la incertidumbre en el manejo de las haciendas públicas.
Deslinde partidista ante crisis en Cuautla
Martínez Terrazas reveló que su partido determinó el desconocimiento político de Jesús Corona Damián meses antes de su captura, debido a que se identificaron anomalías graves en Cuautla, incluyendo la falta de comunicación con sus regidores, la parálisis administrativa en la localidad y conductas irregulares del edil durante el desarrollo de las sesiones de cabildo.
Por su parte, el coordinador del grupo parlamentario de Morena, Rafael Reyes Reyes, reconoció que el Poder Legislativo ha mantenido una nula comunicación con las sindicaturas que asumieron el control interino de los ayuntamientos afectados, manifestando un respeto estricto al curso que tomen las carpetas de investigación judicial de carácter federal.
Exigen filtros y revisiones exhaustivas al Impepac
El líder de la bancada morenista urgió a realizar una revisión técnica de los antecedentes y perfiles de quienes se incorporan a la función pública o compiten por cargos de elección popular en la entidad, señalando que la presentación de la carta de no antecedentes penales ha resultado insuficiente para frenar la infiltración de células delictivas.
Reyes Reyes puntualizó que la responsabilidad directa de ejecutar esta fiscalización documental y de elegibilidad le corresponde de forma expresa al Instituto Estatal Electoral (Impepac), con la finalidad de certificar que ninguna figura política bajo sospecha o con indagatorias abiertas sea validada institucionalmente.
"Nosotros determinamos por un asunto político desconocerlo desde hace meses y felicitamos a las autoridades federales que por fin hayan dado con esto. Creo que lo que tenemos que darle hoy es la certidumbre a esos tres municipios y es lo que platicamos con el secretario de Gobierno."
"La propia ley ya recoge de suyo propio cuáles son los requisitos que se tienen que presentar, pero seguramente tendrá que llevar a cabo una revisión mucho más exhaustiva respecto de procedimientos de investigación que puedan tener diferentes figuras políticas que se incorporen."