Atrae FGR investigación por asesinato de estudiante en reten policiaco

PUENTE DE IXTLA, MORELOS.— La Fiscalía General de la República (FGR) determinó ejercer su facultad de atracción para investigar el ataque armado perpetrado por fuerzas federales en un puesto de control en este municipio de la zona sur del estado, el cual dejó un saldo de tres personas muertas y dos heridas. La intervención federal se da en medio de fuertes señalamientos por un presunto uso desproporcionado de la fuerza y contradicciones sobre el origen de la agresión.

Hasta este lunes 15 de junio de 2026, los expedientes ministeriales confirman que la cifra de víctimas mortales se elevó a tres tras el fallecimiento en el hospital de Óscar Javier Ortiz Figueroa, de 25 años de edad, quien era estudiante activo de la Licenciatura en Odontología de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP). Los restos del universitario fueron entregados a sus familiares por la Fiscalía de Morelos el pasado sábado 13 de junio.

El incidente en Jardines de La Herradura

Los hechos se registraron entre los últimos minutos del sábado 6 y la madrugada del domingo 7 de junio de 2026, sobre la carretera Tehuixtla–Puente de Ixtla, a la altura de una gasolinera en la colonia Jardines de La Herradura.

Las cinco víctimas viajaban a bordo de una camioneta particular de lujo cuando cruzaron por un Puesto de Control de Seguridad mixto, integrado por el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Morelos. En el sitio del retén perdieron la vida de forma instantánea dos personas: una mujer civil y un hombre que fue plenamente identificado como un joven militar en activo, quien presuntamente conducía la unidad.

Versiones encontradas: ¿Omisión de alto o fuego cruzado?

Las investigaciones del caso enfrentan dos narrativas institucionales opuestas sobre cómo se desencadenó el tiroteo:

• Versión A (Desacato y ejecución): Los reportes operativos iniciales indican que los uniformados del retén le marcaron el alto a la camioneta de lujo. Al notar que el conductor ignoró la orden y aceleró para evadir la revisión, los elementos abrieron fuego directo contra el vehículo en movimiento, rafagueando a los tripulantes.
• Versión B (Repulsión de agresión): Fuentes internas de las fuerzas armadas sugieren que el militar en activo que conducía la camioneta presuntamente sacó un arma y disparó primero en contra de los elementos del retén, lo que obligó a los guardias nacionales y soldados a repeler el ataque.

Debido a que en el incidente participaron directamente elementos armados de la federación y se constató la muerte de un miembro del Ejército, la Fiscalía General del Estado de Morelos —que había iniciado las primeras diligencias y el levantamiento de los cuerpos a través del Servicio Médico Forense (Semefo)— cedió la jurisdicción del expediente a la FGR para deslindar responsabilidades por delitos del fuero federal.

Exigen justicia e indagan opacidad institucional

Este trágico suceso ha reavivado el debate sobre los protocolos de actuación en los retenes civiles operados por personal castrense en la zona sur de Morelos, una región bajo intensa presión delictiva por la disputa de rutas entre células de la Familia Michoacana y el Cártel del Pacífico.

Mientras la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos ha guardado absoluto silencio sobre la actuación de sus policías en el perímetro, la comunidad académica y la rectoría de la UPAEP emitieron un enérgico pronunciamiento de condena institucional, exigiendo el esclarecimiento inmediato de los hechos y castigo a los responsables.

La FGR centrará sus peritajes balísticos en determinar la trayectoria de los impactos para resolver si la camioneta huía —lo que configuraría una ejecución extrajudicial— o si representaba una amenaza real inminente para los uniformados, además de esclarecer el trasfondo de las actividades del militar fallecido que originaron la fatal confusión.