Aprueba Cámara de Diputados cambios para calcular el impuesto predial

Ciudad de México, 8 de octubre de 2026.- La Cámara de Diputados aprobó durante la madrugada la nueva Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, en medio de un debate entre Morena y la oposición por sus posibles efectos sobre el impuesto predial.

El dictamen fue aprobado con 299 votos a favor de Morena y sus aliados y 92 en contra de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. La minuta fue enviada al Senado para continuar con su proceso legislativo.

La nueva legislación plantea actualizar la información catastral, incorporar predios que actualmente no están inscritos y habilitar mecanismos de pago digital del predial, con la finalidad de ampliar la base fiscal y fortalecer la capacidad recaudatoria de los municipios.

El PAN y el PRI sostuvieron que estas disposiciones podrían traducirse en un aumento del predial si la actualización de los valores catastrales se acerca al valor comercial de los inmuebles. Incluso calificaron la medida como un “predialazo”.

En contraste, diputados de Morena y el PT rechazaron que la ley incremente el impuesto. Argumentaron que el dictamen no establece un aumento de la tasa ni dispone directamente que los propietarios deban pagar más por sus inmuebles.

Centralizan política catastral

La nueva ley establece que la Federación, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), conducirá la política nacional en materia catastral y registral.

La Sedatu tendrá atribuciones para supervisar acciones de modernización registral y catastral, así como emitir lineamientos, guías y manuales para la aplicación de la legislación.

La ATDT, por su parte, diseñará modelos para homologar los catastros, desarrollará plataformas y herramientas tecnológicas y habilitará mecanismos para pagos electrónicos o digitales.

También coordinará con estados y municipios la implementación del Plan Nacional Catastral, destinado a homologar procesos, requisitos y actualización de la información.

La legislación contempla además una Clave Única Catastral para identificar de manera inequívoca cada inmueble y facilitar su vinculación con el folio real correspondiente.

Estados y municipios deberán implementar las disposiciones con sus propios presupuestos y tendrán como plazo el 31 de diciembre de 2026.

Oposición advierte impacto en municipios

Durante la discusión, diputados del PAN y PRI cuestionaron que los gobiernos municipales deban adoptar las nuevas disposiciones y herramientas tecnológicas sin recibir recursos federales adicionales.

El priísta Rubén Moreira sostuvo que aunque el articulado no establece de manera directa una actualización del valor catastral, ese planteamiento aparece en la exposición de motivos de la iniciativa presidencial.

El panista Arturo Yáñez afirmó que la actualización del valor catastral podría tener efectos sobre el monto del predial. Su compañera Carmen Alonso también advirtió sobre posibles afectaciones a la propiedad privada y cuestionó el alcance de las atribuciones otorgadas a la ATDT.

Nancy Olguín señaló que los municipios tendrían que asumir con recursos propios las obligaciones tecnológicas previstas en la ley y cuestionó una eventual concentración de facultades en el Gobierno federal.

Morena y PT rechazan aumento al predial

En defensa del dictamen, la petista Nora Merino cuestionó a la oposición y señaló que la ley no establece un incremento a la base gravable ni a la tasa del predial.

Ricardo Mejía Berdeja sostuvo que el propósito de la legislación es contar con información confiable sobre los bienes inmuebles y mejorar la coordinación entre catastros y registros públicos.

El legislador destacó que la Clave Única Catastral permitirá identificar cada inmueble y evitar duplicidades en registros, además de facilitar la detección de posibles irregularidades.

Los legisladores del PT señalaron que la ley no crea nuevos impuestos ni transfiere a la Federación la recaudación del predial, sino que establece mecanismos de coordinación tecnológica entre los distintos órdenes de gobierno.

La aprobación ocurrió después de una larga sesión en San Lázaro, en la que también fueron avalados dictámenes relacionados con las leyes de Economía Digital y Aduanera.