AMC: proteger audiencias, no censurar medios

CIUDAD DE MÉXICO, 30 de julio de 2026.- La Academia Mexicana de la Comunicación (AMC) lanzó este jueves una contundente advertencia sobre el anteproyecto de Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, al considerar que, si no se corrigen diversos aspectos de la propuesta, México podría abrir la puerta a mecanismos de control estatal incompatibles con la libertad de expresión, la autonomía editorial y los principios fundamentales de una sociedad democrática.

En un posicionamiento oficial, la institución sostuvo que la protección de las audiencias constituye un objetivo legítimo y necesario, pero subrayó que ese propósito no puede convertirse en argumento para ampliar las facultades del Estado sobre los contenidos informativos ni para restringir el ejercicio del periodismo mediante regulaciones ambiguas o discrecionales.

El pronunciamiento fue emitido a propósito de la consulta pública convocada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones sobre el nuevo marco regulatorio de los derechos de las audiencias, iniciativa que forma parte del rediseño institucional impulsado por el gobierno federal tras la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Aunque la Academia respaldó la existencia de códigos de ética, defensorías de las audiencias y mecanismos de rendición de cuentas, afirmó que el texto sometido a consulta contiene disposiciones que, de mantenerse, podrían afectar la libertad de prensa, inhibir el trabajo periodístico y generar incertidumbre jurídica para los medios de comunicación.

Entre las principales preocupaciones destaca el uso de conceptos como “información falsa” e “información descontextualizada” sin parámetros objetivos que permitan delimitar su alcance. A juicio de la institución, esa indefinición abre espacios para interpretaciones discrecionales y coloca en riesgo la libre circulación de las ideas.

La AMC también cuestionó que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones pueda revisar, modificar o revocar las resoluciones emitidas por las defensorías de las audiencias, ya que ello convertiría a una autoridad administrativa en la instancia encargada de decidir, en los hechos, sobre la pertinencia, el contexto o la veracidad de contenidos periodísticos.

Asimismo, expresó preocupación por la posibilidad de imponer sanciones económicas significativas derivadas de disposiciones formuladas de manera general, escenario que podría provocar autocensura, desalentar investigaciones de interés público, afectar coberturas en vivo y limitar la difusión de información cuya verificación se desarrolla conforme evolucionan los acontecimientos.

El organismo consideró igualmente insuficientes las salvaguardas previstas para proteger expresamente la crítica, la opinión, la sátira, los juicios de valor, la confidencialidad de las fuentes periodísticas y los errores cometidos de buena fe durante el ejercicio profesional de informar.

La Academia sostuvo que la libertad de expresión y los derechos de las audiencias no representan intereses contrapuestos, sino derechos complementarios que forman parte del mismo sistema democrático y que, por tanto, deben fortalecerse de manera simultánea, sin que uno se utilice para restringir al otro.

En ese sentido, advirtió que la respuesta frente a la desinformación no puede consistir en la construcción de una “verdad oficial” determinada por el Estado, sino en el fortalecimiento del periodismo profesional, la ética de los medios, la autorregulación, la alfabetización mediática y la pluralidad informativa.

Como parte de sus propuestas, la AMC planteó definir con precisión jurídica los conceptos cuestionados; excluir expresamente de cualquier regulación las opiniones, la crítica política y la sátira; preservar la independencia de las defensorías de las audiencias; impedir que una queja motive el retiro preventivo de contenidos informativos; y garantizar que cualquier sanción esté prevista de manera expresa en la ley, bajo criterios de proporcionalidad y respeto al debido proceso.

También pidió ampliar la consulta pública mediante mesas de análisis en las que participen periodistas, especialistas, universidades, organizaciones civiles, defensorías de las audiencias y representantes de medios públicos, comunitarios y privados, con el propósito de construir un marco regulatorio técnicamente sólido y respetuoso de los estándares internacionales en materia de libertad de expresión.

La Academia Mexicana de la Comunicación concluyó con un llamado a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones para que las observaciones recibidas durante la consulta pública sean analizadas con apertura y rigor técnico, y para que el texto definitivo garantice simultáneamente la protección de las audiencias, la autonomía editorial, la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a recibir información plural.

La advertencia es clara: la defensa de las audiencias no puede convertirse en coartada para controlar contenidos, inhibir la crítica, sancionar la disidencia o restringir la libre circulación de las ideas. De ocurrir, una política presentada como mecanismo de protección terminaría convertida en una herramienta de presión contra la prensa y en un retroceso para la vida democrática del país.