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Cuernavaca, Mor., 21 de julio de 2026.- Agustín Villalobos Salgado, Secretario de Estudio y Cuenta proyectista adscrito a la Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) del Estado de Morelos, fue señalado por presuntamente haberse presentado como abogado defensor particular del exjuez Martín Montes durante una audiencia celebrada dentro de la causa penal JC/395/2026.
De acuerdo con el señalamiento, Villalobos Salgado acudió el pasado 7 de julio ante un Juez de Control de la Sala de Justicia Especializada en Combate a la Corrupción de Cuernavaca, donde habría aceptado y protestado el cargo como defensor del exjuez investigado.
La situación ha generado cuestionamientos debido a que Villalobos Salgado actualmente desempeña funciones jurisdiccionales dentro del Tribunal de Justicia Administrativa como proyectista adscrito a la Segunda Sala, bajo la responsabilidad del magistrado presidente Guillermo Arroyo Cruz.
Los señalamientos apuntan a una posible incompatibilidad entre el cargo público que desempeña y el ejercicio de la defensa particular en una causa penal, además de que la participación habría ocurrido en horario laboral, lo que abre interrogantes sobre el cumplimiento de sus funciones dentro del órgano jurisdiccional.
Asimismo, el caso ha puesto bajo la lupa al magistrado presidente Guillermo Arroyo Cruz, al plantearse si tenía conocimiento de las actividades externas de uno de sus colaboradores más cercanos, si estas se realizaban sin su autorización o incluso si eran permitidas dentro de la dinámica interna del Tribunal.
Entre las diligencias solicitadas se encuentra la obtención de los registros de audio y video de la audiencia, así como la revisión de información relacionada con la situación patrimonial y laboral del funcionario, con el fin de determinar si existe alguna irregularidad en el desempeño de sus funciones.
De confirmarse los hechos, el caso podría derivar en investigaciones administrativas y legales para determinar si existió conflicto de interés, incompatibilidad de funciones o un posible uso indebido del cargo público.