Despiden a Gabriel Rivas Ríos con guardia de honor en Cuernavaca
Cuernavaca, Mor., 6 de noviembre de 2026.-El asesinato del regidor de Cuernavaca, Gabriel Rivas Ríos, vuelve a colocar bajo presión a las autoridades de Morelos por la violencia contra representantes populares, dirigentes partidistas, activistas y personas vinculadas con la actividad política. Con su muerte, suman cinco homicidios de actores políticos documentados en lo que va de 2026, en municipios de las regiones metropolitana, oriente y sur.
El concejal de Morena fue atacado a balazos la tarde del 4 de noviembre en la colonia Ejidos de Acapantzingo, cuando se dirigía a las oficinas de la asociación cívica Gustavo Salgado, organización que encabezó durante años y desde la que participó en distintas causas sociales. Su asesinato reavivó las exigencias de seguridad y justicia en la capital morelense.
La relación de víctimas incluye a Sandra Rosa Camacho, activista y excandidata del PT a la alcaldía de Temoac, asesinada el 26 de marzo dentro de su domicilio, pese a contar con medidas de protección; así como a Valentín Lavín Romero, alcalde de ese mismo municipio, ejecutado el 22 de julio en las instalaciones del ayuntamiento. Ambos casos ocurrieron en una demarcación del oriente del estado.
También fueron asesinados Víctor Manuel Amado de León, excandidato a la presidencia municipal de Coatlán del Río y coordinador de Distrito del partido PAZ, en Mazatepec, el 24 de agosto, y Zenón Juárez Hernández, dirigente del PRI en Tetecala, el 18 de septiembre. En este último ataque murió otra persona en el lugar.
La violencia alcanzó además a colaboradores y aspirantes a cargos públicos. El 30 de junio, Miguel Tijera, colaborador del diputado federal Agustín Alonso, murió durante un ataque armado contra una cancha deportiva de Yautepec, en el que también resultó herida Sandra Fernández Gómez, quien había expresado su aspiración a la alcaldía. La sucesión de ataques plantea cuestionamientos sobre las condiciones para ejercer la actividad pública y la capacidad de las autoridades para proteger a quienes participan en la vida política y social de Morelos.