Advierte abogada falta de seguridad para mujeres en elecciones
Cuernavaca, Mor., 10 de noviembre de 2026. A menos de un año del proceso electoral concurrente 2026-2027, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) y el Gobierno de Morelos acordaron coordinar acciones de seguridad y atención a la violencia política contra las mujeres, mediante dos convenios que involucran a distintas dependencias estatales.
Los acuerdos establecen la participación de las secretarías de Gobierno, de las Mujeres y de Seguridad y Protección Ciudadana en tareas relacionadas con la vigilancia electoral y la atención de posibles riesgos para quienes participen en la contienda política.
Uno de los convenios contempla la custodia de documentación y materiales electorales durante su traslado, así como la vigilancia de las sedes de los consejos distritales y municipales. La coordinación estará a cargo de la Secretaría Ejecutiva del Impepac y de las áreas jurídicas y de protección ciudadana del Gobierno estatal.
El segundo acuerdo está enfocado en prevenir, atender y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género. De acuerdo con la consejera electoral Elizabeth Martínez Gutiérrez, si el instituto identifica un posible riesgo, su Secretaría Ejecutiva notificará a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que realice el análisis correspondiente.
También se prevé que la Secretaría de las Mujeres proporcione acompañamiento psicológico y legal a las posibles víctimas.
La consejera presidenta del Impepac, Mireya Gally Jordá, señaló que ambos organismos comparten la responsabilidad de generar condiciones para el desarrollo del proceso electoral y la participación ciudadana.
La firma de los convenios contó con la participación de la gobernadora Margarita González Saravia Calderón y de los titulares de las secretarías involucradas: Edgar Antonio Maldonado Ceballos, de Gobierno; Clarisa Gómez Manrique, de las Mujeres, y José Luis Bucio Quiroz, de Seguridad y Protección Ciudadana.
Los acuerdos establecen compromisos de coordinación entre las instituciones, aunque la información difundida no precisa recursos asignados, indicadores para medir su cumplimiento ni mecanismos públicos de evaluación. Su aplicación será uno de los aspectos a observar durante el proceso electoral de 2027.