Opinión/Samuel Palma

Los sucesos de los últimos años en el PRI morelense, siguen dando cuenta de una crisis que no cesa, y que amenaza con profundizarse. Son muchos los años de un PRI en condiciones de apremio, oficinas ocupadas, vandalismo de los invasores, solapamiento de los hechos por parte de grupos políticos.

La expulsión de Manuel Martínez Garrigós de las filas del PRI y de ahí la conformación de una dirigencia presidida por Rodolfo Becerril Straffon, no encontró las condiciones para lograr una plena institucionalidad, en un contexto donde el propio PRI nacional, enfrentó condiciones de ajuste de su dirigencia, a raíz de los resultados adversos que se tuvieron en las elecciones intermedias de 2015.

En esas condiciones, buena parte de la estructura del PRI se encuentra rebasada en su vigencia: la dirigencia estatal, el Consejo Político Estatal, el Sector Popular, entre otros. Ni qué decir de los comités municipales y de los seccionales, que operan sin estar actualizados, y cuya conformación se funda en arreglos peculiares.

Dentro de un escenario anárquico, los grupos políticos manifiestan y se disputan un dominio incierto y presumen de contar con estructuras que no han sabido demostrar su fuerza en las elecciones, por lo pronto la de 2015. Las posibilidades de operación exitosa del partido, sobre esas bases, ha estado más que comprometida. De ahí que desde hace tiempo se haya planteado la renovación de la dirigencia del PRI, incluso por parte de quien lo presidía, Rodolfo Becerril. Finalmente se aceptó su renuncia y se procedió a que el Delegado del CEN, Fernando Charleston se quedará como encargado de la Presidencia del Comité Directivo Estatal del PRI en Morelos.

Con Rodolfo Becerril se actúo de manera descuidada, pues no se le ha ofrecido una alternativa adecuada, acreditando con ello a una práctica que usa y desecha, y que ha olvidado el trato que se debe tener con sus cuadros políticos.

Se tomó la decisión de sustituir al Presidente del PRI morelense, pero no se elaboró una propuesta, un programa o una estrategia respecto de tal determinación. Así, la designación es producto de un acto resolutivo, pero sin que cuente con un encuadramiento político que permita su valoración más allá de la persona que aparece como encargada.

Estamos hundidos en una etapa en donde prestigiar y los prestigios están ausentes. Tal parece que no tuviéramos frente a nosotros los escándalos generados por los oídos sordos a las voces y los datos que daban cuenta de la grave corrupción en Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo. Sí Veracruz, que todavía no salda cuentas y donde muchos de los funcionarios que colaboraron con Duarte aparecen implicados.

Algunos decían, no se ha comprobado nada, pero cuando se comprobó sólo quedó la persecución judicial y la expulsión del partido, como actos desfasados, como respuestas tardías a la negligencia o a la displicencia.

Al margen de una explicación suficiente o trémula, iniciamos en Morelos una nueva etapa, en donde impera lo sorpresivo o lo imprevisto de la medida, aun cuando algunos de sus padrinos asumen ya haber tenido el conocimiento secreto de la misma.

Con esa pobreza todo se tiende a medir con un rasero de bajo puntaje y que pareciera corresponder con la ya añeja percepción que Morelos es visto con descuido por parte del PRI nacional.

Es difícil aceptar esa tesis, pero hay que admitir que ella explica muchas cosas, de entrada el tipo de encargado que tenemos, la carencia de un discurso para encargarlo, la falta de socialización de la decisión y la irrupción de uno de los grupos para apropiarse de tal resolución y aparecer como ganadores de ella.

Quién sabe qué suceda, pero Morelos es tratado con desafán y descuido evidente por el PRI nacional. Qué lejanos estamos de los tiempos que el Delegado era una persona como Fernando Ortiz Arana, que en sí mismo fortalecía al partido. Ahora el olvido de una interlocución elemental permea y empobrece al partido.

Los tiempos no son fáciles, una Asamblea Nacional de por medio, una estructura desactualizada, un encargado de dudosas credenciales, una ausencia de interlocución, una decisión política como acto privado y que ahora va tras de su asiento político.