
El compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum con Guerrero
La violencia política en razón de género es una conquista jurídica que nadie en democracia puede minimizar. Fue diseñada para proteger a mujeres políticas frente a agresiones históricas: exclusión, hostigamiento, discriminación y hasta violencia física por el hecho de ser mujeres. Es, sin duda, una herramienta necesaria.
El problema surge cuando el uso legítimo de esta figura, empieza a confundirse con su abuso sistemático.
En Morelos todos sabemos qué mujeres vinculadas a la política utilizan y manipulan la ley para “defenderse”, pero no las mencionaré para evitar ser blanco o carne de cañón de victimización y denuncias para acallar ideas que no les convienen, pero a esta alturas la ciudadanía y su círculo ya sabe quiénes son.
Se trata de legisladoras, senadoras y regidoras que han recurrido a la ley no solo para protegerse de ataques misóginos reales, sino para blindarse ante críticas políticas y periodísticas.
Lo que debía ser una garantía de participación libre y equitativa se ha transformado en una arma de censura, eso conlleva un delito moral y ético inaceptable.
Uno de los casos más recientes lo vive actualmente el periodista de Cuautla, especializado en temas de seguridad y violencia, Paco Cedeño, quien enfrenta un proceso por presunta violencia política de género tras ejercer su labor crítica.
Desde aquí va nuestra solidaridad con él, y también una alerta al gremio periodístico: todos estamos vulnerables ante este tipo de acciones prepotentes y pervertidas, que lejos de proteger derechos, los distorsionan para callar voces incómodas.
Bien, regresando al punto: El dilema es profundo. Por un lado, la violencia política de género existe y debe sancionarse: negar su realidad sería un retroceso histórico. Pero por el otro, su manipulación genera un efecto devastador: banaliza la verdadera violencia que padecen muchas mujeres en la política y, al mismo tiempo, se convierte en una filosa herramienta contra los derechos humanos de los periodistas, en particular el derecho a la libertad de expresión.
Cuando el periodismo es amenazado con denuncias judiciales por ejercer crítica legítima, la ley deja de ser garantía y pasa a ser coartada. La consecuencia es la autocensura, el miedo al señalamiento y, en última instancia, la restricción del derecho de la sociedad a estar informada.
En Morelos, insisto, todos saben quiénes son las políticas que han manipulado esta ley a conveniencia. No hace falta dar nombres: la ciudadanía ya los tiene claros.
El punto es que la violencia política de género fue un triunfo, pero si se sigue utilizando como instrumento de poder faccioso, acabará debilitando no solo la lucha de las mujeres, sino también la esencia misma de la democracia: el debate libre y la rendición de cuentas.
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@DavidMonroyMX
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