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CUAUTLA, Mor., 28 de febrero del 2019.- Con la detención de Florencio Ixpango Merino, dirigente de la organización Unión y Fuerza Indígena y Campesina ( UFIC), órdenes directas por parte del Fiscal General del Estado, Uriel Carmona Gándara.
De acuerdo a familiares y dirigentes de la UFIC, Ixpango Merino confirmó ser golpeado por una veintena de personas al momento de su aprehensión y de forma visible en el ojo derecho y tórax sin recibir atención médica.
“Todo indica que esto es asunto ordenado por el Fiscalía General del Estado. Un fiscal que fue impuesto por Graco Ramírez y que el gobierno actual del estado ni el congreso del estado han podido remover”.
Lo anterior a razón de que el cargo de despojo agravado por el que se le mantuvo privado de si libertad, ya es prescrito, de un juicio que data de 2007-2008 en que el finado hermano, Romualdo, fue absuelto tras unos meses de prisión y que derivó en una demanda al gobierno del Estado finalmente ganada por 3 millones de pesos días antes de que Romualdo fuera asesinado, en 2018.
” Graco le dijo que no le iba a pagar y que si quería exigiera un embargo a su gobierno”, exhibieron allegados.
Refirió que fue golpeado con saña, sin derecho a llamar a su abogado o familiar y sin conocer que fue sujeto a la primera audiencia de control en la ciudad Judicial de Cuautla.
En su momento, Florencio Ixpango también había sido demandado, pero no fue encarcelado porque el hermano había sido absuelto hasta ayer por la noche (11 años después) que la fiscalía le reactivó el asunto.
” La persona que los acuso del despojo y que nunca pudo demostrar que ambos hermanos hubiesen participado en dicho despojo, ya falleció desde hace 3 a 4 años”, agregaron.
La organización y familiares dicen estar a la espera de que lo liberen en las próximas horas de este jueves, de no ser asi, han tomado la decisión de movilizarse a primera hora de la mañana del viernes para tomar la ciudad judicial de este municipio al que se unirán otras organizaciones campesinas y de transportistas por lo que consideran una detención arbitraria, violación a los derechos humanos y al debido proceso judicial.