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CIUDAD DE MÉXICO, 18 de julio de 2018.- A poco más de cuatro meses de concluir su mandato, el presidente Enrique Peña Nieto busca obligar que las dependencias y entidades de la Administración Pública de los tres órdenes de gobierno y de la Ciudad de México contraten a personas con discapacidad permanente, siempre y cuando reúnan condiciones de idoneidad para la ocupación de las plazas vacantes, en una proporción no inferior al tres por ciento de la totalidad de su personal.
Esto, a través de una iniciativa de decreto enviada a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la cual reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las leyes generales para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la de Población, de Protección Civil, y las leyes de Asistencia Social, del Impuesto sobre la Renta; el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.
Dicha iniciativa tiene como objetivo reglamentar en lo conducente el Artículo 1° de la Constitución, estableciendo las condiciones en las que el Estado deberá promover, proteger, respetar y garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades.
El Poder Ejecutivo Federal pretende armonizar la legislación mexicana con lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, al constituir como una propuesta que el Gobierno promueve y considera una Reforma Social por los Derechos de las Personas con Discapacidad.
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