Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Morelos logró este fin de semana superar una etapa prolongada de incertidumbre y parálisis. La elección de un nuevo presidente del TSJ marca el cierre de un capítulo tenso, pero también el inicio de una etapa que estará llena de retos.

El nuevo liderazgo llega tras semanas de divisiones internas, rumores, negociaciones de pasillo y una imagen institucional que sufrió un desgaste evidente ante la sociedad. El retraso en los acuerdos no fue inocuo: contribuyó a profundizar la percepción ciudadana de que la justicia en Morelos opera muchas veces atrapada en inercias políticas, más que en criterios de independencia y eficiencia.

Ahora, la presidencia que inicia su gestión no sólo tendrá que administrar un poder judicial con carencias materiales y presupuestales, sino también con una herencia de desconfianza pública y de fisuras internas que no se borran de un día para otro.

El desafío es claro: reconstruir la credibilidad del TSJ, fortalecer la carrera judicial, agilizar procesos y, sobre todo, blindar la institución de las presiones que han contaminado su autonomía en el pasado reciente.

Morelos necesita un Poder Judicial que funcione para los ciudadanos, no para los grupos de poder. La justicia es un servicio público esencial, y su prestigio —cuando se erosiona— cuesta años recuperar.

Ojalá que esta nueva etapa en el TSJ sea una oportunidad real para cambiar el rumbo. No bastan los discursos: harán falta hechos. Y hará falta también valentía para resistir a quienes preferirían un Tribunal sumiso y sin voz.

El reto apenas comienza. Y el tiempo para cumplirlo es corto.

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