CIUDAD DE MÉXICO, 28 de septiembre de 2021.- La investigación a cargo de la Fiscalía General de República (FGR) contra el Foro Consultivo Científico y Tecnológico AC podría ser la consecuencia del actuar de un organismo que pudiera haberse aprovechado por años de la normalización de la corrupción en la vida pública, asevera el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Ernesto Villanueva.

En entrevista, el también investigador nacional III del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, señala que aunque en la anterior administración del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) se hayan tolerado transgresiones a la normativa de Fideicomisos y Programas Presupuestarios, esto no debe ser una práctica perpetua.

El autor de Los parásitos del poder, libro en el que se basó el presidente López Obrador para enviar la iniciativa de ley que eliminó las pensiones de los ex presidentes de la República, considera que la investigación contra los 31 científicos que integran el Foro, escapa de la influencia que puede tener la titular del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, pues se trata de un asunto que se persigue de oficio por la FGR.

-Se ha vuelto un tema de gran controversia el caso de la FGR contra científicos a instancias del Conacyt. ¿Cuál es el origen de este conflicto?
-El tema es una cuestión de pesos y centavos. Por 18 años el Conacyt otorgó 471 millones 800 mil pesos al Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C.

El punto de quiebre reside en la creación de la figura de una AC de derecho privado como Foro Consultivo Científico y Tecnológico similar al previsto en la Ley de Ciencia y Tecnología y en la Ley Orgánica del Conacyt de junio del 2002, que prevé que ese Foro sería un órgano de consulta interno, por ende, sin personalidad jurídica y patrimonio propio.

La creación del Foro de idéntico nombre con el apellido de AC estaba fuera de la ley. No podía ser un Asociación Civil el citado Foro porque al estar sujeta al derecho privado habría un impedimento para su fiscalización y correspondiente fiscalización de cuentas, como efectivamente ocurrió. Alguien por ahí ha dicho que existen otras AC en el ámbito de los centros públicos de investigación, lo que no dicen es que sus asociados son instituciones públicas.

La AC desde su acta constitutiva tuvo dos personas físicas como firmantes. Posteriormente en el Estatuto Orgánico del Conacyt se le dio apariencia de buen derecho a la citada AC, pero sin fundamento legal alguno. Hay que recordar que el estatuto tiene efectos de norma reglamentaria que, por definición, no puede ampliar ni modificar la ley que le da vida; es decir, no puede ir más allá ni restringir lo dispuesto por la ley, sino sólo desarrollar en detalle el espíritu de la ley.

El fondo se resuelve en tres preguntas esenciales: ¿Es jurídicamente posible que una asociación civil privada sea equiparada a una entidad paraestatal en cuanto al derecho a recibir presupuesto público anual para su operación, pero sin las obligaciones y limitaciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la Ley Federal de Austeridad Republicana y la Ley General de Responsabilidades Administrativas

¿El hecho de que en administraciones anteriores del Conacyt se hayan tolerado transgresiones a la normativa interna de sus Fideicomisos y Programas Presupuestarios parar dotar de recursos para el gasto corriente de una asociación civil privada, implica que la nueva administración deba continuar con dichas malas prácticas, por demás carentes de fundamento jurídico?

Y ¿Puede una asociación civil de derecho privado tener especial prerrogativa frente a otras asociaciones civiles con objeto similar para recibir anualmente, con cargo al erario, en promedio 40 millones de pesos para el gasto corriente de su operación? Se consideró que no y yo estoy de acuerdo en esta respuesta porque se ajusta a derecho.

Ahora los integrantes de la AC ya no piden dinero, sino que no se les sancione por el uso ilegal de recursos públicos. -Algunos de los miembros del Foro Consultivo han dicho efectivamente que durante muchos años trabajaron con el Conacyt y nunca tuvieron problema alguno y que, incluso, ya en esta administración se les firmó de conformidad su informe en el 2019:

¿Qué opinas al respecto? -El hecho de que por muchos años se tolerara la actuación al margen de la legislación vigente no significa que no hubiera irregularidades. Eso habla de la normalización de la corrupción como pauta de vida pública que tanto ayer como hoy debe merecer sanción. Por lo que se refiere al Conacyt en el 2019, la firma del informe de esa agrupación privada no significa una carta de liberación de toda responsabilidad. Eso no existe.

El Conacyt además está impedido de emitir ese tipo de exclusión de responsabilidad legal porque carece de facultades para ello. -Hay la percepción de que la FGR debe dedicarse a buscar a los narcotraficantes y a las bandas del crimen organizado, en lugar de perseguir a unos científicos. ¿Qué te parece esa postura? -Se debe hacer cumplir la ley con todos, los cárteles de la droga, secuestradores y toda persona que incurra prevista como delito por los diversos tipos penales. El ser científico no es causal de exclusión o patente de impunidad. A mi juicio, a mayor percepción social positiva de una actividad, más es la responsabilidad social y legal que se debe cuidar para evitar que, por la acción de unos pocos, muy pocos, pueda afectarse la imagen pública de un sector cuya inmensa mayoría de sus miembros ajusta su quehacer a la ley y a la ética.
-¿No te parecen excesivos los delitos por los que la FGR acusa a los científicos? -No conozco la carpeta de investigación y los términos específicos de la judicialización iniciada por la FGR, por lo que no puedo emitir una opinión sobre este particular asunto. -¿No sería mejor que la directora de Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, se desistiera de sus acusaciones ante la FGR para terminar el conflicto? -La titular del Conacyt, como cualquier servidor público y en general toda persona, tiene el deber de hacer de conocimiento de las autoridades competentes la probable comisión de conductas que pudieran actualizar algún tipo penal.

Esto lo establece claramente el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales que prevé sanciones a quien no se ajuste a esa obligación legal. La calificación de los delitos, la integración de la carpeta de investigación y la judicialización corresponden a la FGR. De esta suerte, y considerando que se trata de delitos que se persiguen de oficio, la directora del Conacyt se encuentra impedida de retirar la denuncia de hechos que en su momento presentó pues correría el riesgo de auto incriminarse.

-¿Pero no ves que hay una contradicción de la directora del Conacyt, Álvarez-Buylla, al declarar a medios que se deslindaba de las acciones de la FGR y después sí mostro su apoyo a las mismas? -Muy buena pregunta. Es preciso aclarar, como ya lo dije, que el Conacyt no es la instancia que judicializa, esa atribución le corresponde a la FGR. Al preguntarle los pormenores de un proceso del que no tiene conocimiento la directora del Conacyt no tiene elementos para calificar de buenos o malos los términos puntuales en los que la FGR trata el tema.

En esa lógica se inscribe su respuesta, que no es de deslinde, esa fue la interpretación que hicieron los medios. Más todavía conviene subrayar que la FGR no tiene de ninguna manera la obligación de preguntar al Conacyt cómo judicializar un caso. Esta es una atribución única de la Fiscalía.

-Ha trascendido también que la directora del Conacyt está siendo investigada por violar una suspensión otorgada por un juez de distrito precisamente en el caso del Foro Consultivo. ¿Cuál es tu postura al respecto? -Ese tema es, en realidad, parte de los elementos que se tienen para tener vivo el tema en medios. Ciertamente el juez de distrito hizo del conocimiento de la FGR que una suspensión otorgada a esta asociación no se había cumplido en sus términos porque no se había entregado el dinero que buscaba esta agrupación privada, a través de un cheque a nombre de la AC, sino que se hizo en favor de su representante legal. Ese asunto llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que sobreseyó el tema; es decir suspendió la obligación de Conacyt a pagar el dinero pretendido por la AC.

De esta suerte, lo accesorio sigue la suerte de lo principal y esa investigación será enviada al archivo porque carece de materia. -Dos de las investigadas por la FGR han dicho que están dispuestas a que sean investigadas, pero no en los términos en que lo hace la FGR ¿No te parece una posición que abre la puerta para resolver el conflicto? -Los imputados en México, y hasta donde sé en ningún país, tienen la facultad de decidir quién y cómo se les imputa delitos. La justicia a la carta no es dable.

Legalmente es irrelevante que estén dispuestas o no a ser investigadas, menos todavía si se trata de delitos que se persiguen de oficio, como sucede en este caso, a menos claro está que busquen acogerse al criterio de oportunidad que tendría que valorar la propia Fiscalía. -Hay líderes de opinión que sostienen que Álvarez-Buylla ha influido en el presidente López Obrador para que el tema lo tenga como parte de su interés prioritario. ¿Qué opinas de ello? -Es una especulación pura y dura. Es en realidad un despropósito decir que ella pueda manipular al presidente. Eso significa que no los conocen.

El sugerir que Álvarez-Buylla se ha revelado como la gran política mexicana capaz de marcarle agenda al presidente de la República debería motivo de atracción para que los presidenciables se acerquen a ella les confíe el secreto de ese recién descubierto poder de persuasión presidencial que no le conozco. -Las dos investigadas del Foro Consultivo esperan que el presidente López Obrador cambie de opinión sobre cómo la FGR lleva el caso. ¿Qué posibilidades le ves a esa petición? -El presidente no es el titular del Ministerio Público. Y ya ha fijado postura. Que se investigue y si hay elementos que se proceda de acuerdo con la ley.

Aprovecho para comentar que la estrategia mediática de linchamiento contra el presidente y el gobierno federal tendrá un efecto paradójico. Si en el pasado el poder de los medios podía doblar al presidente de la República, ahora el poder de los medios hace que el presidente le dé seguimiento personal al tema contrario al reivindicado en los medios y, en consecuencia, a mayor guerra mediática en contra más interés tendrá el presidente en no ser vencido por los medios.

Información Quadratín México