Teléfono Rojo/José Ureña

Más de 900 denuncias penales contra funcionarios corruptos
La Auditoría Superior atiza, la Fiscalía General las analiza
La oposición impide designaciones de incapaces en la CRE

Para quienes lo dudaban:

Viene el ajuste de cuentas contra los gobernantes corruptos.

Será una operación de muchas bandas.

La primera:

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) tendrá un papel fundamentalísimo, y no precisamente porque vaya a tener un protagonismo mediático desde el punto de vista penal.

Eso corresponderá a la Fiscalía General de la República (FGR) y de esto sabe mucho su titular Alejandro Gertz Manero.

La secuencia es la siguiente:

A su arribo, hace casi ya un año, el titular de la ASF, el oaxaqueño David Colmenares Páramo comenzó a revisar el pasado inmediato –sobre todo el de Juan Manuel Portal- y a dar seguimiento a muchos casos.

Había materia.

La Auditoría revisaba partidas de aquí, allá y acullá y exponía los resultados de los arqueos realizados a prácticamente todas las dependencias del gobierno federal.

Todos nos enterábamos de sus reportes sobre fiscalización –desvíos de recursos, inversiones no aclaradas y otras operaciones con recursos federales-, pero al final cuentas no aclaradas.

Ya no será así.

Y MILES DE FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS

La estrategia es colectiva.

La Auditoría Superior de la Federación deDavid Colmenares Páramos, decíamos, tendrá relevancia porque aporta y aportará datos técnicamente sustentados sobre funcionarios corruptos.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de María de la Luz Mijangoshará su parte y al final la Fiscalía General deAlejandro Gertz Manero llevará a proceso a los inculpados.

Hay materia:

En estos momentos hay más de 900 denuncias presentadas y ratificadas por la ASF derivadas de la revisión cuentas públicas de la federación, en especial del ejercicio de 2017.

Pero ya comenzaron también los reportes de la correspondiente a 2018.

Hasta hoy hablamos de funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto, cuyo último ejercicio está bajo escrutinio, y también de dinero entregado el año pasado a gobiernos estatales.

Los señalamientos apuntan a altos, medianos y funcionarios menores cuyos nombres se conocerán en cuanto el Ministerio Público fundamente los cargos y los consigne ante la justicia.

Más de 900 denuncias son muchas, podrían involucrar a miles de personas y la millonada desviada o sustraída deberá ser reintegrada al erario.