Se suman campesinos a la exigencia de cancelar el proyecto de Huexca

CUERNAVACA, Mor., 21 de febrero 2019.- Tras condenar el asesinato de Samir Flores Soberanes, la Central Campesina Cardenista (CCC) pidió al presidente de la República, que se posponga la consulta de la termoeléctrica, señala que no hay condiciones por violencia, de su lado, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, se pronunció porque se cancele el proyecto porque violenta el derecho de los pueblos.

Por un lado, en rueda de prensa, el dirigente de la Central Campesina Cardenista, Humberto Sandoval Zamora exigió a los gobiernos, estatal y federal se esclarezcan las investigaciones y se dé con los culpables del cobarde acto de violencia, “la autoridad debe dejar de ser omisa y realizar su trabajo y esclarecer los crímenes en la región”.

Además, el además integrante del Congreso Agrario Permanente (CAP) consideró que después de que no se ha aclarado el crimen del activista de Temoac, “no hay condiciones por la violencia para que se lleve a cabo la consulta, ojalá que el presidente de la República retome el tema y la posponga o cancele y sea mediante una mesa de diálogo la que lleve a una solución del problema en el proyecto integral Morelos”.

Asimismo, dijo que existe temor entre la población por los hechos violentos que podrían suscitarse, “no nos queda más que pedirle a la autoridad que haga su trabajo y nos brinde seguridad y estabilidad social a los pobladores”.

De su lado, integrantes de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) se sumaron a la petición para que se cancele la consulta “impuesta” al proyecto de Huexca y se respeten los derechos de los pueblos.

En voz de Jesús Gutiérrez Valencia, los integrantes de la organización acusaron que, en el asesinato de Samir Flores Soberanes, tiene responsabilidad el presidente de la República, al arengar a la población en su visita pasada a Morelos en contra de los activistas al proyecto, poniéndolos en estado de indefensión.

Además de seguir lo que hacían las pasadas administraciones de imponer un proyecto, “sin información a los 82 pueblos indígenas involucrados, violentando tratados internacionales y a los derechos de los pueblos”.

Calificaron la intentona de consulta que se realizará desde las Presidencia, como “una simulación, para imponer un proyecto que violenta todos los derechos”.