
Argumentan elección de Vargas Téllez en TSJ Morelos
CUERNAVACA, Mor., 16 de agosto 2018.- Miembros del Foro Morelense de Abogados exigieron a los diputados electos a revertir el nombramiento de Juan Salazar Núñez por un lapso de siete años, debido a que el nombramiento “a modo” sólo beneficiará a los diputados y funcionarios de gobierno saliente, al negarse a investigar los presuntos actos de corrupción, debido a que en su momento, fue consejero jurídico del gobierno de Graco Ramírez Abreu.
En conferencia de prensa, el presidente de dicha agrupación, Pedro Martínez Bello exhortó a los diputados electos a que realicen una revisión de todos los nombramientos que lesionan a la economía de los morelenses, debido a que a partir de su toma de protesta, ya que el fiscal anticorrupción recibirá una pensión vitalicia, después de dejar su encomienda, además de que todos los nombramientos que realice el titular de la FGE, Uriel Carmona Gándara, todos tendrán un sueldo vitalicio.
Dijo que desde el inicio de su designación como Fiscal Anticorrupción, Juan Salazar Núñez fue consejero jurídico del gobierno de Graco Ramírez, posteriormente fue su nombramiento como Fiscal Anticorrupción de manera prematura, ya que el Sistema Nacional Anticorrupción no se había implementado a nivel nacional, y al momento de no operar dicho sistema en Morelos, Salazar Núñez, cobró un sueldo superior a los 90 mil pesos mensuales durante un lapso de 12 meses, sin realizar la integración de alguna carpeta de investigación.
“Juan Salzar Núñez ha estado siendo señalado por una manera de favorecer a los funcionarios de la actual administración y me parece que son los motivos suficientes para que no fuera ratificado, el Fiscal General de Justicia, tiene facultades que le otorgaron estos diputados salientes en donde puede nombrar a Juan Salazar Núñez por un día o un mes y tendrá derechos adquiridos para que pueda tener derechos adquiridos de manera vitalicia, entonces es importante que la legislatura electa, revierta estas designaciones”, reveló.
Martínez Bello aseguró que los legisladores electos pueden realizar las modificaciones a través de las reformas que les han permitido cometer este tipo de abusos, por ello, los litigantes rechazan este tipo de acciones por parte de las actuales autoridades en procuración de justicia.