Primera línea/Fabio fuentes

La alerta de violencia de género en ocho municipios de Morelos es letra inane a 15 meses de la declaratoria. Ha sido rebasada la cifra de feminicidios por la cual fue emitida la avisa el año pasado, sin expectativas de mejora en una estrategia sorda al reclamo ciudadano.

En agosto de 2015 amplios sectores sociales y organismos de defensoría consideraron corta la alerta porque la violencia contra mujeres no podía recaer unicamente en ocho de 33 municipios. Además exigieron viraje a la política de seguridad pero fueron ignorados.

La comisión de Equidad y Género de Congreso del estado contabiliza 79 feminicidios este año en contraste a los 57 de 2015. El incremento es sustancial y expone omisiones graves.

Finalmente al cabo de cambios en la agenda, el gobernador Graco Ramírez se reunió con la Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH) para concer detalles del Informe Sombra sobre el desarrollo de la alerta de violencia de género. En el encuentro le expusieron que es posible detener los ataques de adoptar mayor voluntad política.

Este derecho a la vida, la seguridad y la libertad de las mujeres no admite demora alguna, insistió el organismo autónomo promotor de la alerta pese a resistencias iniciales en las altas esferas del gobierno. Exasperante esa obcecada actitud a negar que en seguridad no vamos bien.

Expone la CIDH: “Si bien las causas estructurales de la violencia feminicida están asociadas al sistema capitalista de injusticia social y desigualdad que estamos padeciendo, no implica que haya que esperar hasta su modificación para ver un cambio en cuanto el respeto a los derechos que como mujeres se debe tener por parte del Estado”.

Es decir, no puede ser atribuible la solución a una “izquierda progresista” o su acceso al poder federal para que la violencia contra las mujeres sea política de Estado. Asociarlo a ideologías es evadir la responsabilidad de gobierno a brindar garantías de seguridad sin importar el pensamiento de quienes detentan el poder.

La simulación es otra arista reprobatoria en los observatorios ciudadanos pero  lamentablemente el discurso oficial no se puede defender del señalamiento por causa de la soberbia e irresponsabilidad en reconocer cuando un problema de severa gravedad ocupa, cuando menos, la aceptación a darle giro a las estrategias de salvaguarda.

Más ofenden en el intento de defenderse en casos de extrema vergüenza como Tetelcingo -¿ya cumplieron la recomendación de la CNDH?- y ahora en los feminicidios. Grave será que utilicen la nada paliativa discursiva de estar en menor proporción de incidencia respecto a otras entidades. ¡La violencia no es estadística!

Añadió la CIDH: “Es urgente y necesario que se tomen sin dilación alguna todas las medidas decretadas y que no haya negligencia ni simulación alguna sin que implique sanción legal para quienes tienen la obligación y no la cumplen de prevenir, atender, sancionar y erradicar el feminicidio en Morelos”.

¿Deberían sobrevenir sanciones por el fracaso de las instituciones sobre la violencia contra mujeres? La respuesta es evidente, empero mas aun como contemplan los observadores independientes, habrían de ser indagados funcionarios, jueces y magistrados omisos en aplicar la ley.

“Asimismo, abrir una investigación a quien o quienes por omisión, complicidad o corrupción desviaron, modificaron y permitieron cambiar la tipificación del delito de homicidio doloso a culposo para evitar que se haga justicia”, remató la Comisión Independiente.

Pobre aliciente señalar mayor incidencia feminicida en entidades como el Estado de México para hacer un referente. Tampoco lo es el estigma cultural de la sociedad de balanza misógina inclinada, en todo caso es integral el problema de las muertes violentas y se esfuma la oportunidad de generar el parteaguas de cambio.

Y del discurso, en ocasiones censor a la crítica, prevalece frente a una sociedad a la deriva.