Preocupados ediles del país por eliminación de recursos para seguridad

MÉXICO, 26 de noviembre de 2020.- Las alcaldesas y presidentes municipales aglutinados en la Conferencia Nacional de Municipios de México, se dijeron preocupados por la cancelación de recursos para la seguridad, además que en presupuesto de egresos de la Federación para el próximo año, no se incluyó las propuestas de los estados.

En un extenso comunicado de prensa, reconocieron el esfuerzo por atender el ahorro, la eficiencia y el efectivo ejercicio del gasto en el país y el incremento de 5.3 % al presupuesto de egresos que para el próximo año, será de seis billones 295 mil 736 millones de pesos.

Sin embargo, consideraron que las peticiones de los estados, -primer frente de atención a las demandas de los ciudadanos- no fueron incluidas en este proyecto económico.

“Las autoridades locales entendemos que la escasez de recursos nos obliga a ser mas eficientes en su ejercicio, pero la cancelación de fondos tan importantes como el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad en los municipios FORTASEG, es un grave retroceso para el proyecto de paz en nuestro país. Con esa medida, más de 56 millones de personas se verán afectadas de manera inmediata”, se dijo en la masiva de prensa.

Con ello, manifestaron su gran preocupación, como en los últimos años los fondos para la seguridad municipal han sido restringida o cancelada.

Recordaron que en el 2018, se aprobaron 5 mil millones, en 2019, 4180 millones, en 2020 solo 4 mil millones y en 2021 se elimina este fondo del cual dependen programas locales de prevención, equipamiento, capacitación, estímulos, que quedan cancelados para el próximo año.

Con ello alertan que la eliminación del fondo, arrojará un incremento en la inseguridad las comunidades, por lo que exigimos una reunión urgente con el Congreso de la Unión, para revisar esta medida centralista de administrar los recursos para la seguridad.

Por último, las y los ediles lamentaron el argumento de los grupos parlamentarios que la necesidad de restringir los recursos a las autoridades locales por temas de corrupción y mal ejercicio de recursos.