
Plantea Diputada iniciativas para tipificar acecho como delito autónomo
CUERNAVACA, Mor., 7 noviembre 2016.- El PRD propuso crear la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Morelos, con el objetivo de disponer de un instrumento eficaz para procurar e investigar a todo servidor público y particular que participe en hechos relacionados con la corrupción.
Es el legislador Enrique Javier Laffitte Bretón, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, quien presentó iniciativa con proyecto de decreto en el seno del Poder Legislativo.
El legislador, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, advirtió que no se debe tolerar la traición a la confianza de la sociedad, lo que se puede lograr mediante la creación de normas jurídicas tomando como premisa fundamental el combate a la corrupción, a partir de la prevención de conductas relacionadas con estos actos, de la participación ciudadana, la observancia de las leyes y la racionalidad de las sanciones.
Explicó que la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Morelos estaría conformada por 182 artículos, en donde se catalogan faltas graves y no graves, sanciones de órganos internos de control y hasta los juicios de procedencia a los funcionarios, otorgando las herramientas jurídicas necesarias al Sistema Estatal Anticorrupción.
Con la creación de esta Ley se establecerían las bases para tramitar y sustanciar los procedimientos de responsabilidad administrativa de los servidores públicos, iniciados por la presunta comisión de faltas administrativas graves; así también para sustanciar los procedimientos previstos en contra de los particulares vinculados a hechos de corrupción.
El diputado Enrique Laffitte expuso que esta nueva Ley cumplirá con armonizar la legislación estatal con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, otorgándole a Morelos un instrumento eficaz para combatir la corrupción en las instituciones de gobierno.