Ordenan a Bansefi revelar folios de tarjetas entregadas por sismos

CIUDAD DE MÉXICO, 30 de abril de 2018.- El número de folio o identificador de cada tarjeta destinada a la reconstrucción de viviendas afectadas por los sismos de septiembre de 2017, deberá ser revelada por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C. (Bansefi), ordenó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). 

En dicha información, se debe especificar las que ya fueron entregadas y las que aún no han sido distribuidas, así como los documentos en los que conste la fecha de recepción por parte de los beneficiarios. 

Al presentar el asunto ante el Pleno, el comisionado Oscar Guerra Ford afirmó que hacer pública esta información permite transparentar la dispersión de recursos públicos destinados a la reparación, reconstrucción, reubicación y construcción en las zonas afectadas por fenómenos naturales. 

“La información requerida por el particular está relacionada con recursos públicos que por mandato constitucional deben transparentarse a efecto de brindar certeza sobre los montos establecidos para cada uno de los beneficiarios, de acuerdo con los daños que presentaron sus inmuebles y de que efectivamente se ha entregado a estos damnificados a través de las tarjetas emitidas por el sujeto obligado”, destacó. 

Guerra Ford señaló que de un total de 172 mil 26 viviendas censadas 65 por ciento resultaron con daño parcial, mientras que el 35 por ciento de viviendas implicaron pérdida total. 

El comisionado detalló que para las viviendas que resultaron con daño parcial se destinaron mil 672 millones, mientras que a las que presentaron daño total se asignaron 7 mil 244 millones; con un monto total de apoyo de 8 mil 917 millones de pesos. 

“De acuerdo con el portal de Fuerza México y el Fondo Nacional de Desastres Naturales cuentan con 38 mil 83 millones de pesos que costará la reconstrucción que se dividen en apoyos parciales, inmediatos, reconstrucción, gastos de evaluación y aportaciones estatales en sectores como educación, vivienda, monumentos arqueológicos; en el caso del sector vivienda se destinaron 10 mil 49 millones”, apuntó Guerra Ford. 

En este contexto, un particular solicitó a Bansefi información diversa relacionada con las tarjetas entregadas a los damnificados de los sismos de 2017, entre los datos requeridos destacan el número de tarjetas entregadas, el folio o identificador de cada una de las tarjetas, nombres de los beneficiarios y fecha de entrega; por su parte, sobre las tarjetas que no han sido entregadas solicitó el nombre de los candidatos a dicho beneficio y el folio identificador de las mismas, así como la evidencia contable del ejercicio de dichos recursos. 

El sujeto obligado señaló que se apegaba a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en lo referente al folio de identificación de las tarjetas; sin embargo, proporcionó el hipervínculo con el padrón de afectados, recabado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu); sobre la fecha de recepción indicó que es difícil precisarla, debido a la cantidad de operativos de entrega. 

Inconforme con la respuesta, el particular interpuso un recurso de revisión ante el INAI en el que manifestó que el folio de las tarjetas, el nombre de los beneficiarios y la entidad federativa es información asociada con la entrega de recursos públicos, por lo que es de carácter público; en relación al hipervínculo de la Sedatu indicó que dificulta la consulta y los enlaces no presentan la información en el formato de datos abiertos. 

En alegatos, Bansefi apuntó que los nombres de los beneficiarios fueron recabados por la Sedatu y si bien dicho dato es público, los beneficiarios adquieren el carácter de clientes y usuarios de servicios financieros al aperturar sus cuentas en el sujeto obligado como banco. 

Del análisis del caso se desprende que dar a conocer el número de folio identificador de cada tarjeta entregada no permite asociar dicho dato con el nombre de la persona que recibió los recursos públicos.