Opinión/Teodoro Lavín

No cabe duda de que están preocupados en el gobierno aunque digan que no. Al parecer, al pobre titular de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción lo volverán a utilizar con el pretexto de ser parejos con todos los miembros de los diferentes ayuntamientos, cuando tienen dos objetivos muy claros: el primero, desde luego, es encontrar alguna forma de detener al Presidente Municipal de Cuernavaca -quien, como candidato de la Coalición Morena, PT y PES, va a la cabeza y han amenazado de meterlo a la cárcel- y al mismo tiempo advertir a los alcaldes que se han acercado al futbolista que no lo hagan o sabrán lo que es la ira.
Da lástima que un hombre con la herencia de Juan Salazar Fitz se haya prestado a ser el testaferro del gobierno, cuando él no tiene necesidad de hacer este tipo de tonterías que sólo lo ponen al borde del desprestigio total.
Pero, así las cosas, aquí las declaraciones del fiscal, quien confirmó que en las próximas semanas podría proceder en contra de los ex presidentes municipales acusados por el delito de peculado y ejercicio indebido del servicio público; de esa manera, se les tiene controlados para que no apoyen al candidato de Morena.
Sin dar a conocer los nombres de los ex funcionarios municipales (desde luego por estrategia, pues así estarán todo asustados), dijo que sus carpetas de investigación serán judicializadas por los delitos de peculado y ejercicio indebido del servicio público. El repudiado funcionario descartó que sean alcaldes de Cuernavaca; para que no se pierda el factor sorpresa por ello, consideró importante el respeto al debido proceso con la intención de no entorpecer las investigaciones para las próximas detenciones.
Explicó que, en meses pasados, la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción en Morelos realizó la judicialización para vincular a proceso a aquellos ex alcaldes que sean acusados por un delito, tal como sucedió con el ex edil de Cuautla, Jesús González Otero.
“Tenemos actualmente a un ex presidente municipal en prisión, en la cárcel distrital de Cuautla, y tenemos por judicializarse varias carpetas, lo que haremos en fechas próximas. Son dos ex presidentes municipales en contra de los que se va a proceder en estas semanas (sic.), por los delitos de peculado y ejercicio indebido de la función pública”, declaró con toda la cara dura del mundo.
El funcionario estatal aseveró que realizarán y presentarán todas las pruebas suficientes para procesar a los dos ex funcionarios públicos, acusados por el delito de peculado, por lo que será el juez oral quien se encargue de imponer las penas.
La verdad es que tendría que meter a la cárcel a medio gobierno por lo menos, si de a de veras quiere limpiar a los funcionarios públicos. En realidad es pura farsa para tratar de apretar a los presidentes municipales que, al parecer y como lo dio a conocer la prensa, se quieren salir del huacal e irse con el candidato futbolista, ya que le guste o no al gobierno estatal, Cuauhtémoc Blanco está más, muchísimo más arriba de cualquier otro candidato y eso le da una ventaja que los alcaldes no dejan de ver.
En lo que se refiere a bajar de la contienda al alcalde de Cuernavaca, es notorio que no está tan sencillo, porque a pesar de las ya varias maneras que han intentado a través de juicios- que han perdido- no le han podido hacer nada, no obstante todo el poder del gobierno. Quizás el problema es que le faltan verdaderos abogados al gobierno, o de plano no da una.
La manera en que el fiscal actúa es de lo más tendenciosa, como lo hizo con el ex rector de la UAEM, al que, a pesar de todo lo que han dicho, no le han podido comprobar nada.
Así las cosas, nos preparamos los morelenses para ver a los verdaderos candidatos, que serán los que se inscriban a la contienda y que deberán ser aprobados por el Impepac, ya que -por cierto- ya corre el rumor de que al alcalde de Cuernavaca no lo registrarán por la falta de años de residencia en el estado, por lo que se armaría tamaño lío.
Sabemos que la institución electoral, para ser claros, depende totalmente en lo económico del Gobierno del Estado, lo que le da poder, ya que el que paga manda; y si los consejeros se van a dar ese lujo, la bronca que se armará será verdaderamente resuelta en el TEPJF como la última instancia. Eso sería un mal antecedente de cómo se llevarán a cabo las campañas electorales, pero de que puede ser, puede.
La legalidad es indispensable en un proceso electoral para evitar los conflictos de violencia entre los ciudadanos y los miembros de los partidos políticos. Tal cosa sería gravísima, más para el gobierno que para los partidos. Hay que pensarlo bien. ¿No cree usted?

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