
Desaparición de personas en México. ¿Qué hacer?
Entre los signos que más alentaron las reformas electorales de la última época, se encuentran los reiterados conflictos post-electorales de principios de la década de 1990. Vale la pena recordar las difíciles pugnas que se vivieron en los comicios de Guanajuato y San Luis Potosí en 1991, así como en Michoacán en 1992.
Los sucesos que tuvieron lugar en Guanajuato en ese año, dieron pauta para que se acuñara la palabra concertacesión, como forma de caracterización a un hecho insólito: el candidato triunfante en esas elecciones para el gobierno del estado de Guanajuato, Ramón Aguirre, no se presentó a rendir protesta; en tal circunstancia fue nombrado gobernador interino, Carlos Medina Plascencia, quien no había sido postulado para el cargo por su partido, el PAN, éste había presentado la candidatura de Vicente Fox Quezada. El resultado de este entuerto fue la gubernatura de Carlos Medina Plascencia, sin que se convocara nunca a elecciones extraordinarias, como era la obligación.
Ese entramado sólo se puede explicar a la luz de una serie de negociaciones y acuerdos para destrabar el conflicto post electoral. Otro tanto sucedió en San Luis Potosí en ese 1991. Ahí había ganado la elección para el gobierno del estado, Fausto Zapata Loreto; en este caso la negociación no fue tan compleja, pues quedó al frente del gobierno otro priista, Gonzalo Martínez Corbalá.
Más adelante, en Michoacán, el gobernador electo, Eduardo Villaseñor Peña, apenas pudo gobernar unos cuantos días, pues pidió licencia para separarse de su encargo, y en su lugar quedó otro priista Ausencio Chávez Hernández. ¿Por qué quienes habían ganado las elecciones en esas tres entidades no las pudieron gobernar? La respuesta está en los conflictos y movilizaciones que se vivieron después de los triunfos de los candidatos priistas, lo que llevó a la realización de acercamientos y negociaciones que culminaron con la delineación de quienes habían ganado esos gobiernos.
Se estableció un ciclo en donde la evidencia de normas insuficientes para regular gastos y los procesos mismos de las campañas, otorgaban a los partidos derrotados elementos para descalificar los triunfos priistas, y así construir una salida negociada. En los hechos, acuerdos políticos extra electorales sustituían las elecciones como el mecanismo para construir gobiernos, lo que sin lugar a dudas pervertía la democracia. Es evidente que la posibilidad de seguir por esa vía estaba agotada.
En ese contexto, se inscribe la reforma electoral de 1996, ya que ella brindó un esquema adecuado para que las elecciones fueran justas y equitativas. Debe recordarse que respecto de las elecciones presidenciales de 1994, el Presidente Ernesto Zedillo señaló que su gobierno era producto de unas elecciones legítimas, pero inequitativas. En efecto, la reforma electoral de 1996 creó nuevas reglas y normas para regular las elecciones, de forma más justa, lo que permitió mayor legitimidad del régimen democrático y que los conflictos post electorales se vieran disminuidos, y que cuando se presentaran tuvieran mejores instrumentos de resolución.
Los conflictos post electorales que ahora se presentan a propósito de las elecciones recientes para gobernador en Coahuila y en el Estado de México, amenazan con significar un retorno a esos tiempos de intensos conflictos post electorales, que afectan la gobernabilidad del país, afectando otros procesos de negociación entre fuerzas políticas para la agenda legislativa, y con interferencia en procesos sociales y económicos.
Vivir un nuevo ciclo de tal naturaleza en los proximidades de la elección presidencial de 2018, resulta sumamente riesgoso para el país. Urgen acuerdos que otorguen certidumbre y estabilidad, éstos deben provenir de una amplia revisión de nuestra actualidad política y de la construcción de consensos para la agenda nacional, todo esto en un marco de transparencia.
Colosio dijo ni votos al margen de la ley, ni negociaciones al margen de los votos. De eso se trata, y para ello se requiere de una cultura de normas y prácticas políticas adecuadas; de eso se trata.