Opinión/Leopoldo Sánchez

Si tenéis la fuerza, nos queda el derecho.

– Víctor Hugo

A PROPÓSITO DE LAS CAJAS DE SEGURIDAD DE LA ARRENDADORA FIRST NATIONAL SECURITY EN CANCÚN, QUINTANA ROO

El aseguramiento, el pasado 28 de octubre, por la PGR y la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada SEIDO, de más de mil quinientas cajas de seguridad en las instalaciones de la empresa First  National Security en Can Cun  cuyo contenido es, desde luego, propiedad de sus depositarios, ciudadanos  quintanarroenses o vecinos de ese importante centro turístico del Caribe Mexicano que en ningún momento fueron notificados del procedimiento, constituye, diga lo que diga el gobierno, un acto violatorio de las garantías que contempla la Constitución de la República en su Capítulo 1 De Las Garantías Individuales, Artículo 1 que a la letra dice: “ En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece” y cuyo artículo catorce establece que “Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos” mientras que el Artículo 16 constitucional establece que “nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal  del procedimiento” lo que parece no fue el caso, toda vez que fue  realizado con arbitrariedad y  lujo de fuerza por elementos de la SEIDO y lo que es más grave: sin orden de cateo emitida por la autoridad judicial correspondiente, como establece el mismo texto constitucional al señalar que “En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir, a solicitud del Ministerio Público, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla, un acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia”.

De esta manera, argumentando que se trataba de ubicar – ojo: presunción de culpa y no de inocencia-  actos delictivos, en particular delincuencia organizada, delitos contra la salud y los que resulten, los agentes de la SEIDO se posesionaron y procedieron a vaciar y revisar los contenidos  de las más de mil quinientas cajas referidas, asegurando, además, que estos contenidos serían devueltos a sus legítimos propietarios siempre y cuando acreditaran el origen lícito de sus pertenencias, las cuales, debidamente empacadas, serían trasladadas a sus instalaciones en la Ciudad de México, a donde deberían acudir los afectados a acreditar su derecho, arbitrariamente violentado por los agentes de la SEIDO.

Mientras tanto, el dueño de la empresa, el sr. Santiago Ancona, reveló a la periodista Denisse Maerker que las autoridades no presentaron  documento alguno para justificar la revisión, agregando que el pasado nueve de octubre, sin previo aviso ni notificación alguna, la SEIDO ingresó por la fuerza a las oficinas de la empresa  para llevarse los archivos e información sobre sus clientes, para, posteriormente, el pasado veinte y ocho de octubre, regresar y , nuevamente en forma violenta,  apoderarse de las instalaciones y de las más de mil quinientas cajas de seguridad que ahí se encontraban.

Por su parte, como era de esperarse, cientos de afectados, arrendatarios de las cajas de seguridad requisadas, argumentando que en todo caso, lo que se debe asegurar son las cajas de las personas que se investigan y no afectar, como lo hicieron a todos los usuarios a quienes se les dio trato de presuntos delincuentes, se apostaron frente a la empresa y tomaron las calles aledañas exigiendo que sus pertenencias, documentos, objetos de valor y dineros no fueran llevados a la Ciudad de México como se pretendía, al tiempo que  manifestaron su indignación por la evidente violación de sus garantías y su justificada preocupación por el posible saqueo de sus posesiones y propiedades. Algunos de ellos recurrieron a la protección de la Justicia Federal, promoviendo un amparo todavía no resuelto, lo que no impidió a los agentes continuar con su encomienda..

Como resultado de lo anterior y del escándalo mediático surgido de tan torpe decisión, el titular de la SEIDO, Lic. Israel Lira Salas canceló dicho traslado a la Ciudad de México, aun cuando insistió, en entrevista radiofónica,  que éste  no tenía otro propósito que el de “Facilitar el trabajo de los agentes a cargo de la investigación”, no dudando en ofrecer la devolución “De ser posible hoy mismo” de sus pertenencias a los  afectados con quienes –dijo- “Compartir la preocupación” porque “Hay muchas personas inocentes que se ven afectadas” a quienes – aseguró- “No vamos a proceder en contra de ellos ni les vamos a quitar sus pertenencias y habremos de agilizar  la devolución de todo lo que se encuentre dentro de las cajas”. Puntual y generoso el señor, obligado por el escándalo a recular sin recato como lo hizo.

De cualquier manera el funcionario insistió en que las violaciones a las garantías de las personas, no son tales  y “Se está respetando todos los procedimientos y los protocolos que tiene el ministerio público”.

Si bien, en nuestra opinión  lo anterior es inexacto y las violaciones a las garantías y derechos de las personas afectadas durante el aseguramiento, son, desde luego evidentes  y sientan un grave precedente merced al cual, todas las instituciones que rentan cajas de seguridad, bancos incluidos, podrían ser objeto de aseguramientos similares por supuestos delitos a juicio de la PGR como ocurrió en éste caso;  también, habría que enfatizar,  ésta requisa  y lo que le siguió,  revelaron una enorme falta de sensibilidad y de tacto político pues, independientemente del esquema legal que se cuestiona ¿Cómo  se le ocurre a la PGR en vísperas del 2018, cuando los ánimos se encuentran sumamente caldeados, en plena efervescencia política  y después del tropezón ocurrido con el “Cese fulminante” del titular de la FEPADE, ordenar un operativo tan absurdo como el realizado contra los usuarios de la arrendadora First  National Security en Cancún?

La respuesta se encuentra en la falta de oficio, en la arrogancia, el autoritarismo, la miopía  e ineptitud de muchos funcionarios que  nos dan trato de tarugos o de retrasados mentales y  que no se percatan, o no quieren hacerlo, del hartazgo, del enorme descontento que priva en la población justamente irritada ante tanta violencia, corrupción e impunidad que prevalecen en nuestro país.  Así de simple.

Dr. Leopoldo Sánchez Duarte