Opinión/L. Sánchez Duarte

(“La libertad sin una autoridad fuerte e incólume, no es libertad
al cabo de poco tiempo, sino anarquía”: Cánovas del Castillo)

Fue a raíz de la creación en 1929 del PNR, a iniciativa del Presidente Plutarco Elías Calles, cuando, además del Sector Obrero, Campesino y Popular, se incorporó el Sector Militar formado por revolucionarios de todos los grados y jerarquías, el cual más adelante, en 1942, fue suprimido por decisión del entonces Presidente de la República, General Manuel Ávila Camacho, en su afán por preparar el acceso al poder de su Secretario de Gobernación y facilitar el tránsito del Partido de la Revolución Mexicana (PRM) al PRI en 1946.
De esta manera, a partir de Miguel Alemán (1946-1952) que se convirtió en el primer civil en asumir la Presidencia de la República, se canceló toda posibilidad para que un militar pudiera convertirse en Jefe del Estado.
Desde entonces ningún militar, no importando sus méritos y jerarquía, ha sido candidato a la Presidencia de la República.
Los ha habido gobernadores, senadores, diputados y desde luego, Secretarios de la Defensa y de la Marina, pero no Presidentes pues en la práctica política del Sistema, se considera que la función de los militares debe ser totalmente ajena a los avatares de la política y limitarse, desde la Secretaría de La Defensa y la Secretaría de Marina, solamente al apoyo en todo y para todo, a las instituciones, en especial al Presidente de la República, quien es, también conforme a derecho el “Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas Mexicanas”.
En consecuencia, los militares son sus subordinados y como tales, a partir del señor Calderón, indebidamente – ellos están en desacuerdo y siguen en espera de la aprobación de la Ley de Seguridad Interior y de su regreso a los cuarteles lo cual, por ahora, resulta improbable- se les ha utilizado en la absurda guerra contra el narco y el crimen organizado; guerra en la que el Ejército ha sufrido cuantiosas bajas no siempre reconocidas y debidamente compensadas, mientras que los delincuentes entran y salen de las penitenciarías, incluidas las de máxima seguridad (?) al amparo de funcionarios y autoridades corruptas o incapaces en el mejor de los casos.
Eso sí, cuando algún facineroso pierde la vida en los enfrentamientos con el Ejército y la Marina, de inmediato sale a relucir, se invoca la violación de sus derechos y se denuncia ante la CNDH a tan “abusivos” elementos de la milicia.
La diferencia entre los miembros de las fuerzas armadas de México y de otros países, en especial algunos sudamericanos como Chile y Argentina, consiste en que nuestros soldados en su mayoría provienen de la clase media y popular. Todos: desde el soldado raso hasta el General Secretario de la Defensa o Almirante Secretario de Marina son de origen modesto. Esto ocurre así por la peculiar estructura y profesionalismo de las fuerzas
armadas, reorganizadas en su tiempo por el General Joaquín Amaro por instrucciones del Presidente Plutarco Elías Calles. Estructura que ha pervivido hasta nuestros días y en la cual el reclutamiento, la selección, los rangos y los ascensos son ajenos a las élites militares como ocurre en otras naciones.
Es de esta manera que por su origen y composición las fuerzas armadas están estrechamente vinculadas al pueblo, a la gente; de ahí que sea la institución más prestigiada y respetada en México. El Ejército, sus instituciones, sus planteles educativos, el Servicio Militar Nacional y su implicación en la formación de los jóvenes, constituye lo que pudiéramos denominar como una verdadera academia nacional de la que egresan expertos en los más variados oficios, técnicos, enfermera(o)s, médicos, ingenieros, administradores, pilotos, deportistas de alto rendimiento, etc. formados en el respeto a los valores más trascendentes de la historia y la cultura nacional; personas con vocación social, respetuosas del marco legal cuyo objetivo no es, como la mayoría de sus colegas, el de acumular dinero y bienes materiales, sino el de servir a sus conciudadanos en el ejercicio de su oficio o profesión.
El común de las personas como usted y yo, teme a las policías, pero respeta y confía en los militares, particularmente en el caso de desastres naturales en los que prestan -Plan DN3- valiosos apoyos sociales y materiales como labores de rescate, refugios, comedores comunitarios, atención médica con unidades móviles al igual que servicios de vacunación, medicina preventiva y de urgencia, en las zonas más apartadas, lejanas y marginadas del territorio nacional.
Y, sin embargo, no obstante este respeto, este reconocimiento a su integridad, su honestidad y lealtad para con México, nuestro dolorido y angustiado país, presa de la inseguridad y la violencia, víctima de la torpeza, la enorme ineptitud de la clase dirigente, los militares -lo comentábamos al inicio de este análisis – tienen vedada la Presidencia de la República, mientras muchos que se dicen políticos, y no son otra cosa que profesionales de la corrupción, la mentira y el engaño, no tienen problema para aspirar a ella.
Situación de facto, que no de derecho, pues los Secretarios de la Defensa y de la Marina, el Jefe del Estado Mayor Presidencial, los Comandantes de Región, los Generales, los Oficiales, las Clases y la tropa, todos, incluyendo aquellos en retiro, son tan mexicanos como usted y como yo y tienen, en consecuencia, los mismos derechos y obligaciones que ampara la Constitución para todos nosotros, y uno de estos derechos, fundamental e irrenunciable, ejercido por millones de personas en todo el mundo, es el derecho a votar y a ser elegidos. ¿No le parece?

Se registran decesos de militares por ahogamiento, deshidratación, atropellos, golpe de calor, descargas eléctricas, caídas e incluso accidentes con armas de fuego. Con la última agresión con armas de fuego a personal militar en la comunidad de Palmarito Tochapan, municipio de Quecholac, Puebla, la Sedena reconoce las 505 bajas en labores de seguridad.