Opinión/Daniel Adame

Las reglas del juego de las elecciones presidenciales 2018

La reforma política de 2014, al dar por terminada la vida útil del Instituto Federal Electoral esencialmente dio paso al Instituto Nacional Electoral, así como la desaparición de los órganos electorales locales para que la responsabilidad de su conformación recayera en el nuevo INE. Igualmente, estableció nuevas normas en torno a la paridad de género, el modelo de comunicación, los procesos de fiscalización, la reelección legislativa federal y local, de las presidencias municipales, una nueva Ley de Partidos y las candidaturas independientes.

Estos aspectos, fundamentalmente, son los referentes que sirven a este análisis.

Ahora bien, el principal promotor visible de la reforma electoral 2014 fue el Partido Acción Nacional. Eran dos las argumentaciones que ofreció a la sociedad: las económicas y las de control de los gobernadores en las entidades sobre las elecciones. En el primer caso, la propuesta del PAN partía del hecho inobjetable del alto costo que tienen las elecciones, tanto en su organización, como en el gasto de los partidos, los de las campañas y sus candidatos. Por otro lado, puso sobre la mesa el hecho de que son los gobernadores de los estados los que tenían el control de sus congresos, y a través de ellos la designación de los integrantes de los institutos estatales electorales, lo que significaba para las oposiciones enfrentarse a elecciones llamadas de estado.

Siendo la mayoría de las entidades federativas gobernadas por mandatarios priistas, era indudable que acudir a elecciones equitativas, transparentes y limpias era menos probable bajo el anterior esquema, en que existía un sistema de administración electoral federal y otro estatal.

Veamos las deficiencias y desventajas con el nuevo INE:

1.- Centralizar las actividades electorales en una sola autoridad, como el Instituto Nacional Electoral, supondría que no se duplicarían gastos, al menos en lo administrativo, y que la designación de los integrantes de los órganos públicos electorales de cada entidad, ya en manos del INE, arrebataría a los mandatarios estatales su injerencia y control. Pero ninguna de las dos premisas se cumplió.

2.- No cambió la forma de designación de integrantes del Consejo General del Nuevo INE, mediante cuotas partidistas en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, juzgado no sólo en su integración, sino en su desempeño como eminentemente subordinado al partido en el poder.

3.- La parcialidad con la que el INE se comportó con el Partido Verde Ecologista hasta el grado de llegar a ser el defensor de su registro resultó vergonzante.

4.- En torno a la paridad de género, por citar sólo un ejemplo, el Tribunal Electoral  del Poder Judicial de la Federación ordenó al INE remover a todos los integrantes del OPLE de Chiapas por no cumplir esta premisa.

5.- El modelo de comunicación resultó un fiasco, porque dio como resultado de spotización de las campañas, en tanto que las propuestas y el debate público quedaron rezagados.

6.- El proceso de fiscalización de las campañas fracasó también después de que el INE, habiendo contratado a una empresa española para hacerlo en tiempo real, terminó pidiendo apoyo a la Universidad Nacional Autónoma de México, sin que los partidos, los contendientes y la sociedad quedaran satisfechos.

7.- Interesaba sobremanera a la elite política la reelección legislativa. Ahora, los senadores podrán ser electos hasta por dos y los diputados federales hasta por cuatro periodos consecutivos. Para ello, deberán ser postulados por el mismo partido, a menos que hayan renunciado a su militancia antes de la mitad de su mandato. En las entidades federativas deberán regular la reelección de los presidentes municipales, regidores y síndicos, por un periodo consecutivo, siempre y cuando el de su mandato no sea mayor a tres años. También deberán permitir la reelección de los diputados de las legislaturas locales y de la Asamblea Legislativa de la hoy Ciudad de México por hasta cuatro periodos consecutivos. Igual que a nivel federal, su postulación deberá ser por el mismo partido, a menos que haya renunciado a su militancia antes de la mitad del mandato. La reforma se aplicará a los diputados y senadores electos en 2018. En cuanto a los cargos de nivel local, no será aplicable para los funcionarios que se encuentren en funciones a la entrada en vigor de la reforma. Con ello, la elite política garantiza su presencia y control en el poder.

8.- Los partidos políticos se dieron una ley en la materia a través de sus grupos parlamentarios, erigiéndose en juez y parte.

9.- En torno a los Organismos Públicos Locales Electorales en las entidades federativas, la parafernalia mediante la cual el Consejo General del INE eligió a sus integrantes al contratar para ello a instituciones de gran prestigio, como el CENEVAL y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México por ejemplo, no sirvió más que de un disfraz, porque los criterios de capacidad, profesionalismo y resultados fueron socavados al definirse los nombramientos con base en la decisión política del Consejo General del INE. Puesto que no hubo un soporte económico para los OPLEs, tuvieron que acudir a los gobiernos estatales en busca de financiamiento, poniéndose en tela de juicio su imparcialidad. Más significativo resulta el hecho de que para las elecciones de 2016 y 2017 el INE recurrió al mismo procedimiento para seleccionar a los integrantes de los OPLEs en las entidades federativas en las que habría comicios. No obstante, en esta oportunidad el descaro en materia de parcialidad fue más evidente, puesto que en muchos estados en los que los gobernadores tienen una fuerte presencia política (Puebla y Veracruz, por citar sólo un par de casos), incrustaron a gente muy allegada a ellos, quebrantándose el objetivo de evitar la subordinación.

Este constituye uno de los graves problemas tanto de nuestra transición política a la democracia, como de nuestro sistema electoral: que de fondo no se busca el perfeccionamiento de nuestro marco legal y de las instituciones de cara a la fuente primaria de acceso al poder como son las elecciones, sino simplemente la preservación de los intereses, los recursos y los privilegios de una elite política que se niega a perder su status.

10.- En torno a las candidaturas independientes, un modelo que inhibe su participación en las contiendas y que al mismo tiempo los hace competir sin la equidad en el financiamiento para sus campañas, sólo arroja casos de excepción, como en Nuevo León, y no se convierte en la contante.

Ahora bien, resulta complicado encontrar las posibles ventajas de la Reforma Político Electoral 2014, y tan es así, que ya partidos, congresistas y aspirantes a candidatos debaten una nueva reforma al futuro.

Por desgracia el debate público no gira en torno a cuestiones torales: la verdadera autonomía del INE, la de los Organismos Públicos Electorales en las entidades, la verdadera fiscalización de las campañas, la autonomía técnica de la fiscalía electoral y los candidatos independientes debido a las resistencias de los gobiernos locales y los partidos políticos.

Queda claro que en la reforma 2014 y las que en el futuro se implanten, si los partidos políticos, a través de sus bancadas en el Congreso de la Unión, tienen secuestrada la evolución de las instituciones electorales con sus reformas a modo, será más difícil de concretar una reforma electoral si no definitiva, que por lo menos salga del ámbito de los actores políticos.

Si esto no ocurre, seguiremos viendo a los partidos políticos como determinantes del rumbo de las contiendas, con el INE, FEPADE  y Tribunal Electoral y los OPLEs subordinados y peor aún: con el control centralizado de las elecciones federales y estatales, negociados incluso por razones políticas coyunturales y no por el verdadero respeto del sufragio y la voluntad de los ciudadanos.

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