Opinión/Daniel Adame

El Modelo electoral venezolano y el quiebre de su forma de democracia

Si partimos de que la incertidumbre en torno al resultado de las elecciones derivado de una competencia equitativa es el principio institucional de la democracia, en la Venezuela del chavismo sin Chávez esta premisa no se cumple, y no por la falta de profesionalización del órgano electoral, sino porque este es un país considerado como una semidemocracia. De acuerdo con la Constitución, no es un régimen político representativo, sino participativo, en el que abundan los referendos y otras consultas.

Las semidemocracias o autoritarismos electorales combinan agenda electoral con restricciones que imposibilitan elecciones justas.

No se puede hablar de un organismo electoral imparcial, por tanto, hay que medirlo con otros referentes.

El organismo electoral venezolano, después de 2007, efectivamente no ha reducido la incertidumbre poselectoral, y más aún: es imposible conocer a detalle los resultados de una reforma constitucional chavista que fue derrotada. El solo hecho de que la institución electoral no brinde resultados claros en un contexto de polarización política y por las características de su régimen hablan de su funcionamiento, sobre todo porque al no conocer el grado de no aceptación a la iniciativa de Chávez, dejó a éste un amplio margen de maniobra para presumir aún respaldo y legitimidad. No especificar los resultados daba pie a una nueva consulta.

El Consejo Nacional Electoral cuenta con una eficiente y costosa estructura electoral con infraestructura tecnológica. No obstante, en un régimen eminentemente personalista, las dificultades para la imparcialidad, lo mismo que para un eficaz desempeño, aumentan significativamente, porque el Presidente exige incondicionalidad absoluta a todos los poderes e instituciones públicas.

Así, en tiempos de Chávez, la casi totalidad de las elecciones y consultas organizadas por el CNE otorgaron el triunfo al Presidente.

En 2000, una reforma coloca al frente de la autoridad a ciudadanos no especializados y sin experiencia a cargo del organismo electoral, y por si fuera poco, todos cercanos a Chávez, de ahí los múltiples problemas enfrentados.

Otro de los dilemas es que no se vota propiamente por un gobernante, sino por un proyecto o modelo revolucionario, y en el caso del órgano electoral, es difícil su evolución y consolidación frente a un gobierno autoritario.

¿Cuáles factores hacen que éste modelo no funcione como se propuso en la legislación?

Como ya se ha dicho, el problema no es técnico. En primera instancia, tenemos el hecho de que el órgano electoral opera en un régimen unipersonal y autoritario que exige sumisión de todas las instituciones. Por otra parte, en aras de la pretendida autonomía y credibilidad, se nombró como sus integrantes a personas sin la mínima experiencia electoral y todos cercanos al chavismo. En posteriores procesos electorales incluso, lejos de erigirse en árbitro, tomó decisiones al gusto del mandatario convertido en contralor, sacando de la contienda a muchos candidatos.

Son numerosos los elementos tanto de gobierno, como de poder, de integración y legales que impiden operar al órgano electoral venezolano con eficacia y autonomía. Desde la (no) celebración del referendo revocatorio en 2016, la élite del poder chavista cerró la puerta electoral y por tanto consolidó el quiebre de su forma de democracia. La elección de una Asamblea constituyente chavista en julio de 2017, con el propósito de tener a su disposición todas las piezas del sistema político, sólo reproduce la alteración de los resultados a partir de la automatización del sistema electoral, tal como ha denunciado la empresa Smartmatic, (el corporativo ofrece desde 2004 el software con una razonable certeza respecto del sistema electrónico de votación). Las elecciones de gobernador del domingo anterior que dan por ganador al Chavismo en medio de un devastador ecosistema para la economía, la sociedad y la política, reclama  la imaginación de actores internacionales para desplegar su capacidad de hacer y  restaurar la democracia venezolana. Instalar el Tribunal Supremo de Justicia designado por arreglo constitucional por la Asamblea Nacional elegida en 2015, es un primer paso en esa dirección.

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