Opinión/Daniel Adame

Disyuntivas en torno al financiamiento de los órganos electorales.

Entre los elementos indispensables para el pleno funcionamiento y desarrollo de los procesos electorales se encuentra el financiamiento para los organismos responsables en la materia.

A pesar de la  autonomía e independencia del órgano electoral central, en el caso México el Congreso Federal determina su financiamiento y una agencia  gubernamental lo asigna.

Con ello tenemos que, además de incapacidad de darse a sus propios integrantes y propios ordenamientos internos, el órgano electoral también depende financieramente hablando de la propuesta hecha por el Presidente, la injerencia de los partidos políticos y finalmente por la decisión de los legisladores.

Las políticas de austeridad determinan el financiamiento, como diseño  legal de las causas políticas de fondo, como la pretensión de subordinar al órgano electoral administrativo.

Otro de los aspectos que ponen en riesgo el funcionamiento de los órganos electorales en nuestro país pasa por las elecciones locales, de orden estatal y municipal.

De elemental lógica presupuestaria y operativa sería suponer que el órgano central federal definiera, recibiera y administrara el financiamiento destinado a las autoridades del ramo locales, así como los gastos inherentes de todas las elecciones a celebrarse en el país, pero no ocurre así, porque una parte es aportada por los gobiernos locales, generalmente quebrados, lo que crea inestabilidad.

Otro de los aspectos que juegan un papel fundamental, por lo menos en el caso México, tiene que ver con el enorme costo que tienen los procesos electorales y cada voto en sí mismo.

No sólo se trata del enorme precio que se paga por la desconfianza de la sociedad tanto en las autoridades gubernamentales como las electorales, sino en los partidos políticos y los candidatos tanto en los gastos de campaña, como el financiamiento para los partidos en años no electorales para su operación.

En nuestro país legalmente se da preponderancia al financiamiento público para los gastos de campaña para evitar el dinero sucio o de intereses oscuros desde el arreglo constitucional y legal de 1996.

Por otra parte, si los órganos electorales fuesen capaces de definir y asignarse sus propios presupuestos incurrirían en preocupantes excesos. Y de nuevo el caso México, que a pesar de sus dificultades económicas, el Instituto Nacional Electoral pidió un presupuesto mayor para 2016 que en 2015, año en que sí hubo elecciones concurrentes.

A nuestro juicio, para mejorar los mecanismos de financiamiento a los órganos electorales y a los partidos y candidatos habrá que avanzarse en términos generales en:

1.- La definición conjunta entre órgano electoral central y legisladores de las prioridades y posibilidades presupuestales para cada elección.

2.- Reducir paulatinamente el financiamiento público, pero sólo hasta que los mecanismos de fiscalización sean verdaderamente efectivos. Y hay más: la emergencia nacional por las consecuencias de los sismos que han afectado a México durante septiembre de 2017, replantean el escenario de legislar para que el modelo de financiamiento público no tenga más como su fortaleza principal el dinero público asignado a los partidos, dado que no sólo no cumple con el propósito originario de evitar el dinero negro en las campañas, sino lo que es peor: actores y partidos lo asumen como el reducto de los grupos de interés, a contracorriente del fenómeno sísmico que, requiere no sólo de recursos financieros para recobrar la normalidad, sino para extender la organización, articulación y conexión de la sociedad más allá de conceptos legítimos como la solidaridad y la protección civil e incluir la economía y la política.

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