Opinión/Daniel Adame

¿Cuál es la relación entre gobernanza electoral y democracia?

La gobernanza electoral incidirá en los niveles de legitimidad, entendida ésta como el derecho de gobernar, justifica el poder político y la obediencia. Inciden positivamente en la democracia y su consolidación en la medida que el diseño institucional está destinado a salvaguardar la imparcialidad, la equidad en la contienda, así como la independencia de las autoridades encargadas, que a su vez repercuten en la calidad de las elecciones, gestionando el conflicto por la vía judicial o administrativa, así como la percepción tanto de los actores de las elecciones y la sociedad tienen sobre el proceso electoral, toda vez que la función de la gobernanza electoral es asegurar la realización de elecciones democráticas con credibilidad.

Si la gobernanza electoral no parte de la imparcialidad, la equidad en la contienda y la independencia de las autoridades en la materia, pero sobre todo, tampoco se cumple con la premisa de consolidar una buena percepción entre los actores políticos y la sociedad, el resultado es la pérdida de la legitimidad del gobernante, sobre todo si su desempeño es malo.

Ilustrativo de lo anterior es el caso México, con las siguientes consideraciones:

En México, existe un órgano administrativo (Instituto Nacional Electoral –INE-) y uno de justicia electoral (Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación –TEPJF-).

A partir de la pretendida independencia y autonomía de ambos, los conflictos electorales se resuelven en el papel, porque en términos reales quienes resultan electos, en el caso por ejemplo de los últimos comicios presidenciales, han carecido de legitimidad, sin justificar el poder político ni la obediencia ciudadana.

Conviene recordar los casos de las dos últimas elecciones presidenciales en México: en 2006 Felipe Calderón Hinojosa apenas y muy dudosamente ganó con medio punto los comicios. Se siguieron todos los pasos administrativos y judiciales para resolver las impugnaciones, y las autoridades emitieron su fallo apegándose al extremo al limitado marco legal de que disponían para el conteo voto por voto y casilla por casilla, como era la exigencia. Y, efectivamente, el conflicto fue fallado por la vía institucional, pero el hecho es que más de la mitad de los mexicanos sigue creyendo que Calderón no ganó las elecciones, y que se ha quedado para la historia el calificativo de “Presidente Espurio”. En este caso, funcionó la gobernanza electoral al definir un ganador de acuerdo con las leyes vigentes, pero eso no convenció a la mayoría.

En 2012, Enrique Peña Nieto ganó la Presidencia de la República con acusaciones serias de excesivo gasto en la campaña, lo cual no afectó el resultado de la elección, incluso el caso fue “resuelto” sin implicaciones para el candidato ganador ni para los particulares involucrados.

Nuevamente las autoridades administrativas y de justicia en materia electoral en el país resolvieron, emitieron su fallo siguiendo los procedimientos y vías institucionales, pero no convencieron ni a los actores políticos ni a la sociedad.

Ahora bien, ¿puede hablarse de gobernanza electoral cuando si bien ambos casos fueron canalizados y “resueltos” por la vía institucional, pero significaron en realidad un retroceso en la confianza en las instituciones electorales y falta de legitimidad en ambos presidentes? ¿Esta “gobernanza electoral” impacta positivamente en la legitimidad y en la democracia?

La respuesta es no.

México, de acuerdo a consideraciones internas e internacionales, tiene un sistema electoral considerado complejo y respetable. No obstante, el origen en la designación de los integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y su comportamiento –incluyendo la de justicia electoral- ponen seriamente en tela de duda la imparcialidad tanto de las autoridades, así como despiertan enormes suspicacias en la equidad de las contiendas, al fallar a favor de los candidatos y partidos ampliamente cuestionados.

Los integrantes de los órganos electorales (INE y TEPJF) son electos por los partidos políticos a través de sus legisladores tanto en la Cámara de Diputados, en el caso del primero, y en el Senado, en el caso del segundo. Si los integrantes de los órganos electorales dependen en su nombramiento y remoción de los partidos políticos representados en el Congreso, no es posible esperar su imparcialidad ni la equidad de las contiendas.

El resultado entonces es el hasta ahora visto: decreciente credibilidad en las autoridades electorales, y falta de legitimidad de los gobernantes, debido a un diseño institucional que permite a quienes van a ser arbitrados en una contienda electoral nombrar al árbitro con cuotas de acuerdo a su peso político derivado del número de sufragios obtenidos.

En estos términos, la gobernanza electoral se traduce en la concreción del objetivo del partido mayoritario y/o en el poder y no satisface a nadie, más que al ganador.

Si los partidos políticos, por interpósito organismo, son juez y parte, dificulta el ejercicio de la gobernanza electoral, la imparcialidad y la equidad. Mucho menos puede esperarse el convencimiento de los actores políticos en competencia que perdieron, y mucho menos de la sociedad.

Se requiere un nuevo andamiaje legal e institucional que verdaderamente garantice esos principios para poder avanzar a la democracia no sólo hacia proceso electoral nacional 2017-2018, sino para construir el futuro con un diseño institucional no únicamente sólido en los procedimientos, sino efectivo al instrumentar las decisiones de las instituciones electorales, para generar credibilidad en una contienda marcada por la competitividad y el conflicto que, debe ser canalizado precisamente por vías institucionales a fin de que los aspirantes presidenciales y el caudal de elecciones que México desarrollará el año próximo, no descarrilen en el espacio público en  ingobernabilidad en los tiempos complejos que corren.