Opinión/Daniel Adame

¿Qué se entiende por “calidad de las elecciones”?

Para que haya elecciones democráticas, en las que se considere que la calidad de los comicios sea considerada de calidad, se deben aplicar procedimientos justos y ser técnicamente sólidos. Deben favorecer la participación en términos de la elegibilidad de los votantes y ser abiertas y competitivas en lo que concierne a la participación de los partidos y candidatos. Las campañas electorales no deben mostrar sesgos indebidos hacia determinados partidos o candidatos y los resultados deben reflejar la voluntad de los votantes expresada libremente en las urnas. El proceso debe fortalecer la confianza pública en todo el sistema electoral porque se considera justo, eficiente y exacto, de acuerdo con el estudio realizado por Jonathan Hartlyn, Jennifer Mc Coy y Thomas M. Mustillo.

En torno a las instituciones electorales, se ha sugerido la centralidad de los organismos de gestión electoral, que sean profesionales, permanentes y autónomos para la conducción de elecciones exitosas y creíbles.

Ahora bien   ¿Por qué la confianza hacia las elecciones es un factor de estabilidad de las democracias?

Un país no puede ser democrático si sus elecciones no son limpias, según afirman José Molina y Janeth Hernández. Ahora bien, el principal referente en torno al peso de la confianza en las elecciones y las instituciones a cargo tanto de su administración como la impartición de justicia electoral tiene que ver, de acuerdo con Daniel Montalvo, es que de ello depende que en la elección de los gobernantes y representantes populares se den los cauces institucionales, o la sociedad, pero particularmente los grupos o partidos radicales opten por la vía revolucionaria en busca de la transición. Ni más ni menos marca la diferencia entre  las formas pacíficas o los golpes de estado.

Y más aún, de ese primer paso, el de la confianza en los organismos electorales, eventualmente dependerá la construcción de una democracia institucionalizada, en el que no sólo se miden las cuestiones relativas al acceso al poder, sino también las que tienen que ver con su desempeño, a lo cual es imposible llegar si primero no se cumple el requisito de que las autoridades en la materia cuenten no sólo con la confianza de los partidos y los candidatos, sino también de la sociedad. Ahora que lo mismo intelectuales y autoridades electorales (administrativas), están regresando a la memoria electoral de 1988 y su vocabulario con artículos dedicados  a destacar quién organiza las elecciones en México o quiénes son los encargados de contar los votos durante la jornada electoral, evocamos el contexto de desigualdad, pobreza, delincuencia organizada y un largo etcétera en que se desarrollará el proceso electoral por iniciar y al respecto, deberíamos interrogarnos si nuestra transición pretende su evolución en la búsqueda de respuestas construyendo nuevas formas de democracia o si la involución nos conduce no sólo tres décadas atrás, sino hacia renovadas formas de autoritarismo. Tiene razón Ortega y Gasset: lo que pasa es que no sabemos lo que nos pasa.