Opinión/Daniel Adame

¿Qué se entiende por judicialización de la política?

Es la tendencia de los sistemas a que las controversias político-electorales sean dirimidas por los órganos jurisdiccionales para que las resuelvan conforme a derecho. Esto inevitablemente confiere a los jueces un papel protagónico, ya sea por el peso de las elecciones que juzgan, lo mismo que por la recurrencia en aumento de los partidos de acudir a los tribunales, o por el activismo de quienes integran los organismos jurisdiccionales. Textualmente, es “El proceso por el cual los jueces adquieren mayor presencia política y social en la medida en que sus fallos tiene mayor impacto en la actividad política, social y económica» (Domingo, 2007); definición que puede precisarse aún más al sostenerse que esa judicialización refiere al hecho de que los jueces intervienen en procesos de deliberación pública en una forma autónoma y activa (Martínez Barahona, 2007).

¿Cuáles son los impactos de la  judicialización de la política en el sistema político?

Teóricamente, propiciaría la confianza de los partidos y candidatos en las elecciones al disponer de un órgano autónomo, independiente, imparcial y especializado que dirimiera las controversias.

No obstante, esto también depende de la actitud y actuar del juez, pasivo o proactivo, como refiere Luis Brenes Villalobos: “Jurídicamente hablando, esto plantearía que el juez supera su rol entre las partes, propiciando una ruptura que puede percibirse, siguiendo a Pásara (2008), de tres formas: a) al momento de la resolución de un determinado conflicto, el juez aplica y acude a una ley que no había sido demandada por las partes; b) el juez resuelve más allá de lo pedido (ultra petita), entiéndase: el juez consiente en su resolución demandas que no se habían formulado inicialmente; y, c) el juez va más allá del caso concreto y no solamente resuelve respecto de ese caso, sino en abstracto respecto de ese tipo de casos”.

Director Editorial: escenariopolitico.mx

@Danieldao1