Opinión/Daniel Adame

Consideramos que existen varios dilemas en torno a la construcción de mejores sistemas electorales, tanto en el ámbito administrativo como en el judicial:

1.- La sujeción de ambos en su conformación, atribuciones y presupuesto, así como las facultades legislativas a las decisiones que toman órganos políticos como los parlamentos. De igual manera, la permanencia y/o continuidad en el cargo depende de órganos políticos que deciden de acuerdo a la afectación de sus intereses, y no basados en la construcción democrática y mucho menos de la voluntad social.

2.- Los parlamentos, integrados por representantes de las distintas fuerzas políticas, legislan y designan de acuerdo con sus intereses y, a lo sumo, tendiendo a lograr garantías de mayor equidad e imparcialidad en la competencia electoral.

3.- Si el objetivo de los sistemas electorales es generar gobiernos más democráticos, estables con gobernabilidad, en términos reales sólo están atendiendo los intereses de los contendientes, partidos y candidatos, ni siquiera los de la sociedad.

4.- La sobresaturación de facultades y responsabilidades de los órganos administrativos en materia de administración y de justicia electoral, en el marco de la permanente estrechez económica de las nacionales, torna muy complicado y deficiente el cumplimiento de sus responsabilidades.

5.- En los casos en los que procesos y calificación de los actos electorales se judicializan, no deberían preocupar a la sociedad, si no fuera por la parcialidad que puede caracterizar a los órganos electorales por las fuerzas políticas que promovieron su acceso al cargo.

6.- De la inestabilidad política característica de América Latina a los intentos de construir sistemas electorales confiables, pasamos a las constantes e interminables reformas en busca de su perfeccionamiento, pero que aún no han sido suficientes para garantizar la plena confianza en la autonomía e imparcialidad en materia administrativa y judicial.

7.- La constitución de poderes electorales, a la par del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con altos índices de especialización, no garantizan la imparcialidad y más aún: muchas veces se corre el riesgo de transformar a las instituciones electorales de organizadores y árbitros electorales en actores políticos.

8.- En el caso de los directivos de los órganos administrativos electorales, en muchos casos se ha optado por seleccionar a personajes que si bien tienen filiación o simpatía partidista, su prestigio y trayectoria los obligan a la imparcialidad. No obstante, en el caso de los órganos jurisdiccionales, dada su especialización, el problema es más complejo.

9.- En “Ingeniería Constitucional Comparada”, Giovanni Sartori afirma que para evaluar la funcionalidad y eficacia de una institución pública o privada depende de su andamiaje legal, pero también de su conducción y liderazgo, porque ambos aspectos, el de alcances y límites, y el de quien lo preside, con su desempeño, permiten evaluar su estabilidad y permanencia. Esto nos permite comprender mejor que los órganos administrativos y jurisdiccionales en materia electoral están sometidos a contantes reformas y quienes las presiden son electos no por sus capacidades, sino por sus filias y fobias, y son removidos con toda la discrecionalidad del mundo.

10.- El camino para lograr reformas y modelos administrativos y jurisdiccionales definitivos, autónomos e independientes, que generen credibilidad, apenas se está andando y construyendo. El problema es su eternización elección tras elección con permanentes reformas enfocadas a los obstáculos y deficiencias señalados por cada partido político.

11.- El contexto político-democrático, social y cultural, e incluso económico de cada país constituye también un severo obstáculo, en naciones en los que las tentaciones autoritarias lo mismo que golpistas están a la orden del día.

El gran problema en nuestra América Latina es el de la confianza, que a base de sobre regulaciones pretende ser resuelto, y que termina con sistemas tan heterogéneos y complejos hasta para los actores políticos.

El rumbo de la especialización, la autonomía e independencia de los órganos tanto administrativos y jurisdiccionales es el correcto, pero se está eternizando y corre permanentes riesgos.

Su consolidación depende, en gran medida, del compromiso, voluntad y disposición de gobernantes y actores políticos para avanzar en camino de la democracia, de los que poco se habla, a pesar de su gran responsabilidad y peso.

Director Editorial: escenariopolitico.mx

@Danieldao1