
Detenido en Morelos, con historial criminal en EU
CUERNAVACA, Mor., 18 de febrero 2019.- A más de dos años de la desaparición del Consejo de la Judicatura Local y ante las designaciones de jueces, integrantes del Foro Morelense de Abogados acusaron a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María del Carmen Verónica Cuevas López de “omisión”, al no crear la Junta de administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial.
En entrevista, el presidente del Foro Morelense de Abogados (FMA), Pedro Martínez Bello aseguró que el hecho de no nombrar a los miembros de la Junta de Administración, misma que sustituye al Consejo de la Judicatura, sólo propicia que Carmen Cuevas realice las designaciones de jueces allegados a magistrados o en su caso el manejo de las finanzas del Poder Judicial, sin que sea vigilado correctamente.
“La exigencia del Foro Morelense de Abogados es para que se realice la creación de la junta que viene a sustituir al Consejo de la Judicatura, debido a que mientras no ocurra la titular del Poder Judicial realice las designaciones del persona y puede manejar los recursos públicos de manera discrecional, por lo que incurre en responsabilidad jurídica y en juicio (…) El llamado es para que el pleno lleve a cabo el sustituto del Consejo de la Judicatura local”, dijo.
Explicó que tras la desaparición del consejo de la judicatura local -diciembre del 2017-, las autoridades judiciales tuvieron un plazo máximo de 180 días para realizar la creación de la “Junta de administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial”, término que vencía el pasado 05 de abril del 2018.
“El hecho de no realizar este tipo de nombramientos de la junta, quien tiene todo el poder inquisitorio del TSJ, es la presidenta del Poder Judicial, y eso es muy conveniente para ella, sin embargo, no ha habido una postura clara y firme por parte del pleno, quienes ellos pueden tener la posibilidad de elegir a los nuevos integrantes”.
Cabe destacar que mediante reformas constitucionales de la pasada administración, la Quincuagésima Tercera Legislatura extinguió al Consejo de la Judicatura y pasó las funciones de dicho consejo al Pleno del TSJ, a través de una comisión de magistrados integrada por los mismos magistrados que integraban el extinto consejo.