Modelos de gestión electoral/Daniel Adame Osorio

a) ¿Cuáles son las características de los modelos de gestión electoral formados por comisiones electorales independientes, con órganos de administración y de justicia electoral separados? El grado de independencia y de composición constituye la base para su clasificación de los organismos de gestión electoral. 

En el caso de las comisiones electorales independientes, tanto el órgano de administración, como el de justicia electoral separados, cuentan entre sus características ser independientes del gobierno y especializados. Pueden estar bajo el control de jueces, abogados y expertos, y/o ciudadanos. Es de carácter compartido, porque dos o más órganos electorales gestionan los procesos electorales, funcionan de manera permanente aunque no haya elecciones, el primero se centra solamente en la administración de los procesos electorales, mientras que el segundo en las funciones de justicia electoral y en cuanto a la cobertura de sus funciones, puede ser restringida, cuando sólo se gestionan elecciones nacionales o estatales, o amplia, cuando gestionan todos los procesos electorales, tanto nacionales como estatales. 

b) ¿Cuáles son las características que hacen al modelo de gestión electoral Boliviano diferente respecto de otros modelos?

Una de las primeras características que hace especial al modelo de gestión electoral boliviano tiene que ver con un acuerdo político entre gobierno y partidos para que la designación de los integrantes de los órganos responsables de los comicios recayera en personalidades de la sociedad con gran prestigio y de probada neutralidad.

Otro de los factores iniciales que lo llevaron a ser diferente queda establecido con la adopción del principio de preclusión, es decir, que la Corte Departamental no tenía el poder de anular el resultado de una mesa, salvo en casos expresos y bien definidos por la ley, con la obligatoriedad de repetir la elección dos semanas después. Este fue el principio de la institucionalización.

A partir del 2000, las crisis económicas y la incertidumbre sacudieron también el ámbito de los órganos electorales, con el antecedente de una democracia representativa como modelo legítimo en los tres lustros anteriores, frente al cual las nuevas corrientes consideraron insuficientes la neutralidad, contar con árbitros imparciales o elecciones limpias para definir la democracia. 

De lo procedimental se debía pasar a lo sustantivo: debería asegurarse el bienestar, la justicia social, la inclusión de los sectores populares agrupados en movimientos sociales e incluso se pidió la elección de otros funcionarios, como del Poder Judicial, mediante el voto. Todo esto minó el funcionamiento y desempeño de las instituciones creadas desde 1990. Por supuesto el órgano electoral, en la disputa por el nombramiento de su titular, y una polarización entre gobierno central y regiones, desembocaron en la violencia incluso.

El caso boliviano es especial porque de la institucionalización, la credibilidad y fortalecimiento del órgano electoral, se pasó a su debilitamiento, posible desaparición y/o pérdida de autonomía e independencia, sumido en la incertidumbre con aires de regresión.