Menores de edad impedidos para reconocer un hijo: Nava Amores

CUERNAVACA, Mor., 2 de junio de 2017.- El diputado Manuel Nava Amores, propone que un menor de dieciocho años no pueda reconocer o admitir a un hijo, al considerar que los compromete de manera excesiva, y aclarar que una vez cumplida la mayoría de edad, pueden llevar a cabo dicho acto jurídico, planteó modificar los códigos Familiar y Procesal Familiar para el estado de Morelos y precisar derechos de este sector de la población.

Al realizarse la pasada sesión ordinaria, el legislador dijo que en el año 2014 se expidió la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para establecer “un nuevo paradigma en la defensa de los mismos”.

Desde la tribuna, planteó también que, cuando se presente la situación de elegir al tutor, en caso de igualdad de parentesco, donde existan varios parientes del mismo grado y entre ellos se discuta la preferencia en la tutela, será el juez quien elija al que considere más apto, y procurando escuchar al menor de dieciocho años, si este es mayor de doce años.

Al referirse al quebrantamiento de la promesa matrimonial, el legislador propuso derogar la fracción III del artículo 424 en el Código Procesal Familiar, el cual señala que, en caso de existir una demanda por este hecho, no se le dará curso si esta aplica a un menor de edad, en virtud de que se encuentra prohibido que los menores de dieciocho años lleven a cabo una promesa de matrimonio, incluso con el permiso de sus padres.

Sobre el nombramiento de tutor para herederos o legatarios menores de edad, propuso que en caso de juicios sucesorios donde éstos no tengan representante legítimo o que pueda haber intereses contrarios, el juez dispondrá que el mismo menor designe un tutor si ha cumplido “doce años”, de lo contrario, será nombrado por el juez, “preferentemente oyendo su opinión”.

En tribuna, Nava Amores subrayó que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes tiene un enfoque garantista al reconocerlos como titulares de derechos; asimismo, establece que el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, deben ajustar sus ordenamientos en la materia.