Llama Tribunal a comparecer a Fiscales de Morelos

CUAUTLA, Mor., 12 de septiembre del 2018.- Con el auxilio de la fuerza pública el Fiscal General, Uriel Carmona Gándara y el Fiscal Anticorrupción, Juan Salazar Núñez comparecerán el próximo viernes ante un tribunal de enjuiciamiento en una audiencia extraordinaria por un mal ejercicio de funciones evidenciado en el juicio oral con la causa penal JOC/029/2018.

Por el delito de peculado y ejercicio indebido del servicio público, el ex alcalde de Cuautla, Jesús González Otero fue vinculado a proceso y le fue impuesta la prisión preventiva como medida cautelar que será revisada el mismo día; con ello, se abre la posibilidad de que concluya el proceso en libertad.

En el desahogo de la prueba testimonial, los agentes de la Fiscalía Especializada para el Combate contra la Corrupción demostraron desconocimiento en estrategias de litigación y falta de objetividad que se acentuó en la audiencia de alegatos al no acudir a la sala en ciudad judicial este miércoles en el que los juzgadores emitirían también el fallo.

Con un plazo de dos horas, la autoridad judicial solicitó a la Fiscalía Anticorrupción a través de un oficio dirigido al titular un reemplazo de agente que respondió con un recurso de revocación al acuerdo del Tribunal que se declaró improcedente por carecer de fundamentos.

La jueza presidente del tribunal, Patricia Soledad Aguirre Galicia señaló que la actuación de la Fiscalía Especializada “deja mucho qué desear”  y calificó como “histórica” en Morelos, la irresponsabilidad en que cayó esta fiscalía.

El abogado particular del imputado, Omar Alexander López Ortiz afirmó que de manera alterna al juicio, iniciará  recursos legales en contra de la agente Greta Gómez Rodríguez y el vicefiscal Octavio Ibarra Herrera y el mismo titular a la Especializada en Servidores Públicos por mal ejercicio de funciones.

A Uriel Carmona y Juan Salazar Núñez les fue impuesta una multa de 250 Unidades de Medida y Actualización (UMA) y se hizo patente un arresto de hasta 36 horas.

 El imputado se declaró en huelga de hambre hasta conocer su sentencia al considerar que son violentados sus derechos por las constantes omisiones de la Fiscalía que han retrasado el proceso.

López Ortiz sostiene que el ex alcalde es un preso político por la falta de sustento en la presentación de pruebas por la Fiscalía.