Las disyuntivas en torno al financiamiento de los órganos electorales

CUERNAVACA, Mor., 4  de abril del 2018.- Entre los elementos indispensables para el pleno funcionamiento y desarrollo de los procesos electorales se encuentra el financiamiento para los organismos responsables en la materia.

A pesar de la supuesta autonomía e independencia del órgano electoral central, en el caso México, el Congreso Federal determina su financiamiento y una instancia gubernamental lo asigna.

Con ello tenemos que, además de incapacidad de darse a sus propios integrantes y propios ordenamientos internos, el órgano electoral también depende financieramente hablando de la propuesta hecha por el Presidente, la injerencia de los partidos políticos y finalmente por la decisión de los legisladores.

Las políticas de austeridad determinan el financiamiento, como disfraz legal de las causas políticas de fondo, como son lograr la subordinación del órgano electoral, premiar o castigar su servilismo.

Otro de los aspectos que ponen en riesgo el funcionamiento de los órganos electorales en nuestro país pasa por las elecciones locales, de orden estatal y municipal.

De elemental lógica presupuestaria y operativa sería suponer que el órgano central federal definiera, recibiera y administrara el financiamiento destinado a las autoridades del ramo locales, así como los gastos inherentes de todas las elecciones a celebrarse en el país, pero no ocurre así, porque una parte es aportada por los gobiernos locales, generalmente quebrados, lo que crea inestabilidad.

Otro de los aspectos que juegan un papel fundamental, por lo menos en el caso México, tiene que ver con el enorme costo financiero que tienen los procesos electorales y cada voto en sí mismo.

No sólo se trata del enorme precio que se paga por la desconfianza de la sociedad tanto en las autoridades gubernamentales como las electorales, sino en los partidos políticos y los candidatos tanto en el financiamiento público para  gastos de campaña, como el monto para los partidos en años no electorales para su operación ordinaria.

En nuestro país legalmente se da preponderancia al financiamiento público para los gastos de campaña para evitar el dinero sucio o de intereses oscuros.

Por otra parte, si los órganos electorales fuesen capaces de definir y asignarse sus propios presupuestos incurrirían en preocupantes excesos. Y de nuevo el caso México, que a pesar de sus dificultades económicas, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral pide cada año un presupuesto mayor  para invertirlo en edificios suntuosos e instalaciones propias en época de austeridad.

A nuestro juicio, para mejorar los mecanismos de financiamiento a los órganos electorales y a los partidos y candidatos habrá que avanzarse en términos generales en:

1.- La definición conjunta entre órgano electoral central y legisladores de las prioridades y posibilidades presupuestales para cada elección.

2.- Reducir paulatinamente el financiamiento público, pero sólo hasta que los mecanismos de fiscalización sean verdaderamente efectivos.

Director Editorial: escenariopolitico.com

@Danieldao1