
Phil Murphy en México
A lo largo de la historia de México, cada vez que un Juez ha sido asesinado, surge el tema relacionado con la necesidad de crear modificaciones a nuestra Constitución para la implementación de la justicia sin rostro.
La ejecución reciente del Juez Penal con jurisdicción en el estado de Colima, Uriel Villegas Ortiz, pone de nuevo el tema sobre la mesa de los legisladores federales.
La figura de los jueces sin rostro se remonta a los años 80s en Italia y a los 90s en Colombia.
Entre 1979 a 1990, en este último país latinoamericano, fueron asesinados más de 278 juzgadores, lo que motivó al presidente de esa Nación a promover modificaciones a su Constitución para incluir la justicia sin rostro; sobre todo que, en esa época, el narcotraficante Pablo Escobar amenazaba a los Jueces y abogados liigantes a efecto de evitar condenas a los integrantes de su cartel que hubieren sido detenidos por la policía.
La medida no frenó las ejecuciones de los jueces, aunque se vieron en menor escala.
Una vez que Pablo Escobar fue abatido en un enfrentamiento con integrantes de la Guardia Nacional de ese país, fue desaparecida la justicia sin rostro y los jueces de nueva cuenta salieron a la luz.
La justicia sin rostro no solo implica que los Juzgadores aparezcan dictando sus fallos cubiertos de su cara, sino con voz distorsionada que evite conocer su identidad. La misma situación envuelve a Ministerios Publicos y testigos para proteger la vida de todos aquellos que convergen en un juicio.
A nosotros nos parece que la justicia sin rostro en México sería disfuncional, por lo menos, mientras no se erradique la corrupción.