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CUAUTLA, Mor., 1 de marzo del 2019.- En un documento firmado por el consejo estatal de la Asamblea de Pueblos de Morelos, la organización insiste en que el Fiscal General del Estado, Uriel Carmona Gándara debe ser destituido del cargo luego de evidenciar incompetencia en la investigación por el asesinato de Samir Flores Soberanes.
Integrado por Saul Roque Morales, Benito Paredes Noguerón, Roberto Solís, Juan Jiménez, Roberto Robles, Mónica Romero, Bruno Tejeda, Francisco García, Teresa Castellanos, Flavio Plascencia, Ramiro Carrasco y Andrés Palma el documento señala además que los pueblos no confían en el delegado federal, Hugo Erick Flores Cervantes “por sus antecedentes derechistas y defensor de asesinos en el estado de Chiapas y hacia quien apuntan las líneas de investigación por el asesinato de nuestro hermano Samir Flores Soberanes”.
Sostienen que existe una campaña de criminalización hacia la lucha social, “al declarar que las mafias se infiltraron en su cuestionada consulta, no es más que la preparación de la represión en contra de los honestos hijos de nuestras comunidades” y reiteran en que la justicia federal debe atraer la investigación sobre el asesinato de Samir Flores Soberanes.
Al calificar como “ridículas” las declaraciones del Fiscal General, Uriel Carmona Gándara, sobre el extravío de evidencia, la asamblea de pueblos urgió en que debe ser removido de su cargo por la incompetencia demostrada en el caso del asesinato de Samir en la entrada de su casa de Amilcingo, Temoac donde mantuvo por los últimos años oposición por la termoeléctrica de Huexca, lucha a la que los pueblos piden dirigir la línea de investigación.
Dirigida al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador piden que, en base a la votación de los nueve municipios aledaños, reconociendo la decisión de las asambleas de Huexca y Hueyapan, que son los directamente afectados de este proyecto de muerte, proceda a la cancelación definitiva de la termoeléctrica de Huexca.
Además, establecer comunicación directa con los pueblos de la región oriente de los nueve municipios, para definir, de acuerdo con los derechos colectivos, el desarrollo de la región oriente de Morelos y respeto a las Garantías individuales y derecho colectivo de nuestros pueblos, que detenga la campaña de “criminalización de la lucha social”.