Iniciativa para proteger a adultos mayores y personas con discapacidad

•   El despojo del patrimonio en contra de adultos mayores o personas con discapacidad está considerada violencia patrimonial, por lo que se buscará no solo protegerlos sino que reciban un trato digno, asesoría gratuita y el apoyo de las instituciones locales y federales. 
•   Los adultos mayores normalmente son víctimas de sus propios familiares que se aprovechan de su condición de adultos mayores para despojarlos de lo que han logrado con su trabajo de toda la vida. 

Siendo Morelos el quinto de los estado de la República con mayor porcentaje de tierra de propiedad social en el país, según datos del Registro Agrario Nacional, es que históricamente terrenos ejidales que han pertenecido a generaciones deben protegerse de despojos, venta doble de terrenos e invasiones sobre la propiedad social, ya que actualmente el estado es el primer lugar en casos de despojo cometido, la mayoría, en contra de adultos mayores.

El municipio que tiene una mayor tasa de incidencia en denuncias por despojo es Huitzilac con 8.97 por ciento por cada 10 mil habitantes, con un total de 284 denuncia del año 2015 al 2023. Le sigue Jojutla, con el 5.37 con más de 389 denuncias: Tepoztlán con 565 denuncias, Atlatlahucan con 187 y Mazatepec con 32 denuncias y una tasa que oscila entre el 4 y el 4.73%”. Numéricamente es Cuernavaca el primer lugar de comisión de este delito, con 2,092 denuncias, pero por su población su tasa es de 2.2 por cada 10 mil habitantes.

Las penas por este delito no se han modificado desde hace 22 años, de ahí la importancia de hacer algo al respecto, ya que actualmente la peña va de seis a diez años de prisión, lo cual está establecido en el artículo 184, por lo que la propuesta es aumentar las penas sobretodo en los casos donde las víctimas sean adultos mayores o personas con discapacidad.

“Mi deber proponer la máxima protección en favor da las personas con discapacidad, para cuando estas sean afectadas en su patrimonio por delincuentes y estos sean severamente castigados, o preferentemente, se inhiban estas conductas con una penalidad más extendida. Eso es lo que legislativamente   me corresponde hacer para abonar a la cultura de paz y bienestar de la población de Morelos”, aseguró la legisladora Jazmín Solano.

Finalmente se castigará a los funcionarios que hayan cometido actos de corrupción que hayan abonado a cualquier caso de despojo, ya que la ley actualmente no considera la participación de los servidores públicos en esto actos lo que abona a que se siga fomentando, por lo que se modificará el artículo 185 para que además se aplique la destitución del servidor e inhabilitación para ejercer un cargo en el futuro.