Ilegal cobro por suministro de agua en Yautepec

YAUTEPEC, Mor., 20 de agosto del 2019.- Con el número de expediente TCA/2aS/304/14 mediante acuerdo de fecha siete de abril del 2016, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo decretó que los únicos facultados para realizar el cobro de conexión y suministro de agua potable en el poblado de Oacalco y sus ampliaciones es el Sistema Operador de Agua Potable Oacalco Morelos con la asociación civil USOAPPO integrado por Miguel Ángel Sánchez Vargas como presidente, Raúl Oropeza Bastida y Adrián Valencia Alarcón como secretario y tesorero, respectivamente.

Sin embargo, al día siguiente de la elección del 2018 que favoreció la reelección de Agustín Alonso Gutiérrez comenzó la notificación formal a los condóminos del fraccionamiento Los Prados, en Oacalco para que pagaran al Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento de Yautepec en lugar de la asociación administradora como indica la concesión otorgada en el año 2013 por el entonces alcalde Agustín Alonso Mendoza por lo que el comité administrativo sostiene que el cobro que hace el sistema municipal es ilegal.

El oficio con el expediente en referencia expedido por el TJA dirigido al magistrado titular de la Segunda Sala, Orlando Aguilar Lozano deja en claro que en el amparo indirecto número 556/2015, promovido por la Junta de Gobierno del Sistema de Agua Potable y Saneamiento de Yautepec, la parte quejosa no impugnó el auto de fecha 18 de agosto del 2015 que desechó su demanda de amparo; en consecuencia, declara que el mismo ha causado estado.

Al ayuntamiento, la autoridad judicial se le ordenó que se abstengan de cobrar y/o requerir el pago por concepto de agua potable a la empresa y/o conjunto urbano en mención advirtiendo que en caso de desacato, se procederá a un arresto administrativo.

El director del sistema de agua potable en el gobierno de Yautepec, Fernando Baltazar Rosales ha sido requerido por el tribunal de distrito por desacato al acuerdo a lo que ha respondido que no ha sido notificado.

La empresa Riconstructora y Promotora S.A. de C.V. representada por la arquitecta Cristina Padilla Chacón llegó a la comunidad para invertir en la construcción del fraccionamiento y firmó un convenio con Baltazar Rosales como titular del sistema de agua en 2013 en el que se estableció que la empresa tenía la obligación de informar a los poseedores para cumplir con el pago por el servicio o de lo contrario, la empresa cubriría la cantidad que resulte por cada vivienda por lo que obra en su contra una demanda por la vía civil por incumplimiento al convenio.

Por lo anterior hay un juicio civil en contra de la empresa y otro de amparo en tribunales de distrito por desacato al ordenamiento judicial. En febrero del 2017, la empresa respondió al TJA que no está realizando ningún pago por este concepto a ninguna autoridad municipal. Por otro lado, el actual alcalde, Agustín Alonso Gutiérrez fue notificado en marzo del 2017 del acuerdo.