Estado laico y justicia

Queda claro que la impartición de justicia debe quedar separada categóricamente de toda religión; para ello, no se debe de entender un agravio al derecho de creencias religiosas de las personas o violación al artículo 24 de la Constitución Federal, sino más bien, el derecho debe ser imparcial, sin influencias de alguna índole religiosa, es por ello que resulta oportuna la siguiente interrogante: ¿Toda persona debe ejercer el derecho a la libertad de creencia religiosa?

Desde el Plan de Ayutla, señalado por Tena Ramírez en su obra Leyes Fundamentales de México, se reconoce implícitamente la separación entre la Iglesia y el Estado mexicano; por otra parte, es importante distinguir en el desarrollo histórico las relaciones Iglesia-Estado. En México desde el triunfo de la Independencia de México y la Revolución de 1910, hasta las reformas hechas a la Constitución en materia religiosa de 1992; fue objetivo fundamental conformar la legislación relativa al derecho de libertad religiosa con la garantía jurídica de los derechos humanos, y que hoy identifican las relaciones entre la Iglesia y el Estado mexicano.

En los últimos días, los clérigos de algunas religiones, han insistido en el desacuerdo sobre las reformas legales referente a que todas las mujeres tienen derecho a decidir sobre su cuerpo; instando a que todo cambio a las leyes debe ser para construir una mejor sociedad y buscar siempre el bien colectivo. Frente al pluralismo religioso aumentado en la sociedad actual, los retos para el Estado laico y sus instituciones públicas como las educativas y de salud entre otras, son múltiples y complejos, en el sentido de garantizar el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de todos los individuos, con la finalidad de promover siempre el respeto de las creencias religiosas.

La propia Organización de las Naciones Unidades (ONU) ha destacado que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos y además porque uno de los ejes en el tema de los derechos humanos de las mujeres, es el derecho a decidir, ya que se trata de un principio ético y político que reconoce a las mujeres como sujetos con capacidad para emitir juicios propios y tomar determinaciones sobre su vida.

En fin, la evolución del mundo debe ir de la mano con el desarrollo y la libertad de pensamiento, el respeto a los derechos de las nuevas generaciones, deben ser para alcanzar la igualdad sustantiva y el respeto a la ley, porque nos interesa el avance histórico para la progresividad de los derechos humanos de las mujeres y por ende de la convivencia armónica y la paz entre todos los integrantes del Estado mexicano.